Un juez de Garantías Penales de Chimborazo sentenció a once meses de prisión a Daniel Alejandro S. S., de 26 años, por el delito de captación ilegal de dinero, luego de que se acogiera al procedimiento abreviado, aceptara su responsabilidad y colaborara con la justicia mediante un acuerdo de cooperación eficaz.
La sentencia fue emitida el 1 de junio de 2026 en Riobamba. Además de la pena privativa de libertad, el magistrado impuso una multa de 5.141 dólares y ordenó la devolución de 267.981 dólares como parte de la reparación integral destinada a las víctimas que sean reconocidas como tales durante la etapa judicial correspondiente.
Una investigación que involucra a nueve personas
Según la Fiscalía General del Estado, Daniel Alejandro S. S. formaría parte de una presunta estructura dedicada a captar dinero de manera ilegal a través de la empresa SAALDA S. A., compañía que no contaba con autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para realizar actividades de intermediación financiera.
En este proceso también fueron llamados a juicio Natalia del Pilar T. N., César David L. H., Pablo David C. M., José Luis T. N., Javier Marcelo B. E., Byron Miguel M. C., Sabrina Belén M. T., Adriana de los Ángeles T. N. y otros involucrados, sobre quienes Fiscalía presentó más de 100 elementos de convicción para sustentar la acusación.
Promesas de ganancias de hasta el 200 %
De acuerdo con la investigación, la organización ofrecía supuestas inversiones en bolsa de valores, compraventa de activos financieros y operaciones en plataformas digitales de corto plazo.
Como estrategia para captar recursos, los involucrados prometían rendimientos mensuales que oscilaban entre el 12 % y el 200 % del capital invertido, cifras muy superiores a las ofrecidas por entidades financieras reguladas.
Las autoridades determinaron que al menos 464 familias entregaron dinero bajo estas promesas, generando un perjuicio económico que superaría los 2,4 millones de dólares.
Los allanamientos que destaparon el caso
La investigación derivó en ocho allanamientos simultáneos ejecutados el 6 de junio de 2025 en los cantones Riobamba y Guano, en Chimborazo.
Durante los operativos, agentes de la Policía Nacional incautaron teléfonos celulares, computadoras, documentación relacionada con posibles inversionistas y otros elementos considerados relevantes para la investigación.
En septiembre de 2025, la Fiscalía vinculó además a Adriana de los Ángeles T. N. y Sabrina Belén M. T., madre e hija, como presuntas autoras del delito. Ambas permanecen prófugas, por lo que el proceso judicial en su contra se encuentra suspendido hasta que sean localizadas y capturadas.
Cooperación eficaz redujo la pena
Aunque el delito de captación ilegal de dinero está sancionado en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con penas de entre cinco y siete años de prisión, la colaboración prestada por Daniel Alejandro S. S. dentro de la investigación permitió que accediera a una reducción significativa de la condena.
La información entregada por el ahora sentenciado fue considerada relevante para el avance del caso y para la identificación de otros integrantes de la presunta estructura investigada.