Una mujer de 29 años enfrenta juicio en Guayaquil por la muerte de su hija de 11 meses, ocurrida en enero de 2026 en el sector de El Fortín.
La audiencia fue convocada para este jueves 28 de mayo en la Unidad Penal Albán Borja, dentro de un proceso impulsado por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de homicidio culposo.
Según el expediente judicial, la procesada, identificada como Karina M.M., permanece con prisión preventiva en la cárcel de mujeres mientras avanza el proceso penal.
Inicialmente, la Fiscalía formuló cargos por homicidio, aunque posteriormente reformuló la acusación a homicidio culposo, cuya pena máxima puede alcanzar cinco años de prisión.
El caso se originó la madrugada del 6 de enero, cuando la mujer acudió junto a vecinos a un centro de salud llevando a la menor en brazos.
Debido a la gravedad del estado de la bebé, el personal médico dispuso su traslado al Hospital Universitario de Guayaquil.
En ese centro médico se confirmó que la niña no presentaba signos vitales pese a las maniobras de reanimación realizadas por los especialistas.
De acuerdo con los reportes médicos incorporados al proceso, durante la evaluación inicial se detectaron hematomas, laceraciones y una quemadura en una de las piernas de la menor.
Tras estos hallazgos, el caso fue notificado a la Policía Nacional del Ecuador para el inicio de las investigaciones.
Según el parte policial y la versión presentada por Fiscalía, la mujer presuntamente se encontraba bajo efectos del alcohol cuando ocurrieron los hechos.
La teoría fiscal sostiene que la procesada habría descuidado a la menor y no detectó a tiempo una obstrucción de vías respiratorias provocada por vómito o regurgitación.
Sin embargo, la defensa de la mujer argumentó que la muerte ocurrió por asfixia accidental derivada de regurgitación y negó que haya existido intención de causar daño a la bebé.
El informe de autopsia practicado en el Laboratorio de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación o regurgitación.
La defensa también sostuvo que el examen forense descartó lesiones relacionadas con abuso sexual y cuestionó que no se practicaran pruebas para determinar presencia de alcohol en la madre.
Pese a ello, el juez rechazó el pedido de sobreseimiento y dispuso el llamado a juicio.
Dentro de las pruebas admitidas para el proceso constan informes médicos, el parte policial, la autopsia, valoraciones psicológicas y testimonios de agentes investigadores y médicos tratantes.
El celular de la procesada finalmente no fue incorporado como evidencia luego de que la defensa solicitara su exclusión por falta de extracción de información del dispositivo.
Hasta la tarde del jueves 28 de mayo no se había emitido una resolución definitiva sobre la situación judicial de la procesada.