El comandante de la Policía Nacional en la provincia de El Oro, coronel Renato González Peñaherrera, manifestó públicamente su preocupación por varias decisiones judiciales adoptadas en procesos relacionados con delitos de alto impacto, como sicariato, extorsión y tenencia ilegal de armas.
El pronunciamiento se realizó durante una exposición de resultados operativos ejecutados por la Policía Nacional en lo que va de 2026 en la provincia, donde el oficial destacó cifras relacionadas con capturas, decomisos y operativos contra estructuras criminales.
Según indicó la autoridad policial, en El Oro se registran más de 1.000 detenidos, más de 370 armas decomisadas y recientes golpes al narcotráfico, entre ellos la incautación de 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Bolívar.
“Ya no le pidan más a la Policía (...) vayan y exijan a los jueces que actúen en derecho. De qué nos sirven tantos detenidos y resultados si luego se diluyen en tecnicismos entre jueces y fiscales”, expresó el comandante durante su intervención pública.
Policía cuestiona resultados judiciales
Durante su discurso, el coronel González hizo referencia a varios procesos judiciales que, según sostuvo, generan preocupación dentro de la institución policial por la forma en que han sido manejados.
Uno de los casos mencionados involucra al hermano de alias “Sayayín”, investigado por un presunto delito de sicariato.
De acuerdo con el oficial, la Fiscalía habría aceptado una solicitud de cambio de medidas cautelares planteada por la defensa, aunque finalmente el juez mantuvo la prisión preventiva.
Otro de los procesos señalados corresponde a una influencer detenida junto a otras personas en una investigación por presunta extorsión.
El comandante recordó que, aunque la víctima desistió de rendir un testimonio anticipado, la Fiscalía aún podría continuar con el proceso debido a que se trata de un delito de acción pública.
Caso alias “Tuti” genera críticas
El tercer caso citado por el jefe policial fue el de alias “Tuti”, detenido en posesión de armas, sustancias sujetas a fiscalización y equipos de comunicación similares a los utilizados por la Policía Nacional.
El comandante cuestionó que en este proceso se emitiera un dictamen abstentivo, aunque reconoció que esta decisión forma parte de las atribuciones legales de la Fiscalía.
No obstante, insistió en que este tipo de resoluciones afectan el trabajo operativo de las fuerzas del orden y debilitan la percepción ciudadana sobre la lucha contra el crimen organizado.
Llamado a fortalecer el sistema judicial
Durante su intervención, González reiteró que respeta el trabajo de las autoridades provinciales de la Fiscalía y la Judicatura, pero sostuvo que existen actuaciones de algunos operadores de justicia con las que la Policía no coincide.
Además, aseguró que para reducir delitos como la extorsión y el sicariato es necesario disminuir los niveles de impunidad y fortalecer la coordinación entre todas las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.
El oficial también informó que el Ministerio del Interior presentó una queja formal contra uno de los fiscales mencionados y pidió que los procesos administrativos avancen con celeridad.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para exigir rendición de cuentas a todos los actores del sistema judicial y no únicamente a la Policía Nacional.