La Contraloría General del Estado ratificó responsabilidades civiles por más de USD 11,6 millones contra 68 servidores públicos de 13 hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP), debido a irregularidades detectadas en la adquisición y manejo de medicamentos y dispositivos médicos destinados a pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.
La resolución fue emitida el pasado 21 de mayo de 2026 y se basa en un examen especial realizado por el organismo de control en 2023, que revisó contratos suscritos entre julio de 2018 y diciembre de 2022.
Detectaron inconsistencias por más de USD 11 millones
Según el informe de auditoría, existieron diferencias entre las cantidades de medicamentos entregados a pacientes y los registros existentes en las bodegas generales y farmacias hospitalarias.
La Contraloría señaló que no hubo un control riguroso sobre los ingresos y egresos de medicamentos, ni tampoco verificación sobre la distribución, destino y uso de los fármacos, situación que habría generado perjuicios superiores a USD 11 millones.
Hospitales involucrados
Las responsabilidades civiles alcanzan a funcionarios de los hospitales:
- Eugenio Espejo
- Baca Ortiz
- Pediátrico Francisco Icaza Bustamante
- Gilbert Pontón
- General Isidro Ayora
- Vicente Corral Moscoso
- General Alfredo Noboa Montenegro
- General Rodríguez Zambrano
- General Napoleón Dávila Córdova
- General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano
- General Docente de Ambato
- General San Vicente de Paúl
- General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha
Medicamentos para cáncer y enfermedades graves
El informe también reveló irregularidades en la compra de medicamentos utilizados para tratamientos de enfermedades graves.
Entre los hallazgos consta la adquisición de 100 unidades de Rituximab líquido parental bajo régimen de emergencia, sin cumplir con las causales legales correspondientes.
Asimismo, la Contraloría detectó que el medicamento Trastuzumab, destinado a pacientes con cáncer de mama, fue entregado fuera del plazo contractual, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos médicos.
Medicinas caducadas y falta de controles
El organismo de control indicó además que no se verificó si los bienes médicos cumplían las especificaciones técnicas al momento de la recepción.
Esto habría impedido aplicar multas a proveedores y permitió el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados.
Según el informe, estas irregularidades afectaron el acceso de pacientes con VIH a pruebas de hepatitis B y provocaron desabastecimiento de medicamentos esenciales para personas con hemofilia.
No denunciaron medicamentos adulterados
La Contraloría también observó que, tras la terminación unilateral de uno de los contratos investigados, no se registró al proveedor como contratista incumplido ante el SERCOP.
Además, no se ejecutaron garantías de fiel cumplimiento ni se presentó una denuncia ante la Fiscalía por medicamentos adulterados.
La entidad aseguró que continuará ejecutando controles para vigilar el correcto uso de los recursos públicos en el sistema de salud ecuatoriano.