El video dura apenas unos segundos, pero deja una sensación pesada, incómoda, imposible de ignorar. A plena luz del día, frente al mar y ante la mirada desesperada de varios turistas, hombres armados secuestraron a un padre y a su hijo en La Bocana, uno de los sectores turísticos más conocidos de Buenaventura.
El cuerpo de Alexander Valencia Hernández, de 44 años, apareció flotando en una zona de marea. Su hijo, Nicolás Valencia, de 22 años, continúa desaparecido mientras las autoridades mantienen operativos de búsqueda.
La escena golpeó fuerte en redes sociales y volvió a abrir una herida que Colombia conoce demasiado bien: la violencia que nunca termina de irse.
El video del secuestro en Buenaventura desató indignación
Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran el momento exacto en que varios hombres armados obligan a las víctimas a subir a una embarcación.
En medio del caos, una voz rompe el silencio con un grito desesperado: “¡Ayuda!”.
La Alcaldía de Buenaventura confirmó posteriormente el asesinato de Alexander Valencia y pidió acelerar las investigaciones para identificar a los responsables.
Los Shottas vuelven a quedar bajo sospecha
Según información vinculada a los diálogos de paz urbana en Buenaventura, el crimen habría ocurrido en una zona dominada por Los Shottas, una de las estructuras criminales más fuertes del puerto colombiano.
El caso genera todavía más tensión porque ocurre en medio de los esfuerzos impulsados por el gobierno de Gustavo Petro bajo la estrategia denominada “Paz Total”.
La intención oficial busca reducir la violencia mediante mesas de diálogo con bandas urbanas como Los Shottas y Los Espartanos. Sin embargo, hechos como este reabren una pregunta incómoda: ¿realmente las negociaciones están frenando la violencia en territorios dominados por grupos criminales?
Nicolás Valencia sigue desaparecido
Mientras Colombia debate seguridad, crimen organizado y control territorial, una familia vive otra realidad: la incertidumbre.
Las autoridades continúan buscando a Nicolás Valencia y organizaciones locales exigen mayor presencia estatal en zonas costeras donde las bandas criminales mantienen influencia armada.