Seis policías en servicio activo, entre ellos un subteniente, enfrentan una instrucción fiscal por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tras una supuesta agresión contra doce personas, incluidos niños, en el norte de Quito.
La Fiscalía General del Estado informó este 21 de mayo de 2026 que el caso está relacionado con hechos ocurridos la madrugada del 8 de diciembre de 2023 en el parqueadero de un establecimiento de comida ubicado dentro de un centro comercial, en las avenidas Amazonas y Naciones Unidas.
Según la investigación, las víctimas regresaban de un recorrido en una “chiva” y buscaban un taxi para retornar a sus viviendas cuando fueron abordadas por policías motorizados que intentaban despejar el sitio.
De acuerdo con la teoría de Fiscalía, uno de los uniformados habría golpeado con una motocicleta a una niña que acompañaba al grupo familiar, situación que generó el reclamo de sus familiares.
Posteriormente, los afectados habrían recibido golpes de puño, patadas, toletazos y agresiones con gas pimienta, que –según Fiscalía– fue rociado incluso en presencia de menores de edad.
Las investigaciones señalan que varias víctimas resultaron heridas. Uno de los afectados sufrió fracturas y trauma facial que le ocasionaron entre treinta y noventa días de incapacidad física.
Otras personas tuvieron que ser trasladadas en taxi a diferentes casas de salud para recibir atención médica.
Los procesados son los sargentos segundos Carlos Marcelo G. A., Sergio David I. P. y Mario Iván R. V.; además de los cabos segundos Anderson Alexis B. S. y Ricardo Alonso C. A., investigados como autores directos.
En tanto, el subteniente Jairo Israel F. M., quien habría sido el jefe del operativo, enfrenta cargos como autor omisivo por presuntamente no haber evitado el uso excesivo de la fuerza.
Fiscalía sostuvo que durante el procedimiento policial se habrían vulnerado los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y humanidad establecidos en la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.
La jueza que conoció la causa dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para los seis uniformados. Además, otorgó boletas de auxilio a favor de las víctimas.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.