Cinco personas fueron sentenciadas a veinticinco años y cuatro meses de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, tras una investigación liderada por la Fiscalía Multicompetente No. 6 del cantón Rumiñahui.
La sentencia fue emitida por el Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. María del Rosario A. P. fue identificada como autora directa del delito, mientras que Paola Estefanía P. A., Carlos Luis G. V., Ronny Isaac M. R. y José Francisco P. T. fueron condenados como coautores.
Además, los tres últimos sentenciados deberán ser expulsados del Ecuador una vez que cumplan la pena privativa de libertad.
Durante la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó el testimonio anticipado de ocho víctimas, mujeres de entre 21 y 25 años, quienes relataron que eran sometidas a mecanismos de control coercitivo y deudas extorsivas dentro de un centro clandestino de explotación sexual ubicado en el Valle de Los Chillos, en Quito.
Las víctimas también denunciaron que recibían amenazas constantes de ser “vendidas al Tren de Aragua” si se negaban a realizar actividades vinculadas con explotación sexual.
Según las pericias psicológicas y sociales expuestas en la audiencia, las víctimas eran mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad y existía una relación asimétrica de poder ejercida por los procesados.
Un informe contable reveló además que en el lugar se llevaba un registro de los ingresos generados por cada víctima y los descuentos económicos que les aplicaban.
El operativo se ejecutó durante la madrugada del 7 de junio de 2025, cuando agentes realizaron un allanamiento al inmueble y rescataron a las víctimas.
Los jueces también ordenaron que las afectadas reciban atención psicológica y psiquiátrica especializada para tratar secuelas relacionadas con estrés postraumático. Asimismo, cada sentenciado deberá pagar una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados.
El caso fue procesado con base en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la trata de personas con fines de explotación sexual.