El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió suspender durante tres meses los derechos políticos de la exministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dentro de un proceso relacionado con el incumplimiento de una sentencia electoral vinculada al prefecto de Chimborazo.
La resolución judicial también ratificó una sanción económica equivalente a 30 salarios básicos unificados (USD 14.100) y dispuso la exclusión temporal inmediata de la exfuncionaria del Registro Electoral mientras permanezca vigente la penalización.
La decisión fue emitida por el juez encargado de la causa, quien además ordenó notificar a las instituciones competentes para asegurar el cumplimiento obligatorio de la medida.
¿Por qué fue sancionada Ivonne Núñez?
El proceso se originó tras la omisión en el registro de la inhabilitación del prefecto de Chimborazo, situación que derivó en acciones legales y posteriores resoluciones dentro del ámbito electoral.
Según el Tribunal Contencioso Electoral, existió un incumplimiento de una disposición previamente emitida, motivo por el cual se aplicaron las sanciones contempladas en la normativa electoral ecuatoriana.
La resolución mantiene firme la decisión adoptada en primera instancia y rechaza los recursos e intentos de aclaración presentados por la defensa de la exministra.
Defensa intentó revertir la sanción
Durante el proceso, Ivonne Núñez buscó frenar la medida argumentando que pertenecía a la carrera judicial.
Sin embargo, ese planteamiento fue desestimado por el organismo electoral.
Con esta decisión, el TCE dejó sin efecto las impugnaciones presentadas y ratificó tanto la suspensión de derechos políticos como la multa económica impuesta contra la exfuncionaria.
La exclusión temporal del Registro Electoral implica que Núñez no podrá ejercer derechos políticos durante el periodo establecido en la resolución judicial.
Reacciones tras el fallo del TCE
La decisión del Tribunal generó reacciones en sectores políticos y jurídicos, especialmente en redes sociales, donde usuarios y actores públicos debatieron sobre el alcance de las sanciones y el cumplimiento de las resoluciones electorales.
Especialistas consultados por medios nacionales señalaron que este tipo de medidas buscan fortalecer el control institucional y garantizar que las decisiones judiciales sean ejecutadas dentro del sistema electoral ecuatoriano.