Los periodistas Andrés Sánchez, de Diario Los Andes, y Pamela Ojedis, de NT360, fueron víctimas de una agresión física mientras realizaban una cobertura periodística en los exteriores del Mercado Dávalos, en Riobamba, provincia de Chimborazo.
Según denunció Fundamedios, el hecho ocurrió el pasado 13 de mayo de 2026, en medio de las tensiones generadas por los trabajos de readecuación impulsados por el Municipio de Riobamba en ese centro de comercio.
De acuerdo con la organización, un grupo de comerciantes se opone a las obras y anteriormente ya se habrían reportado incidentes y agresiones contra trabajadores vinculados al proyecto.
Según el testimonio de Andrés Sánchez, ambos comunicadores acudieron al lugar para recoger versiones sobre la situación cuando fueron rodeados por aproximadamente 50 personas.
“Después se acercaron a agredirnos físicamente, con puñetes y patadas. Nos lanzaron de todo”, relató el periodista a Fundamedios.
La organización detalló que los agresores habrían utilizado palos, piedras, canastas y frutas para atacar a los comunicadores.
Durante el incidente también fueron sustraídos micrófonos y equipos de transmisión utilizados para la cobertura.
Los periodistas intentaron abandonar el sitio y buscar refugio; sin embargo, según la denuncia, fueron perseguidos por casi una cuadra mientras continuaban recibiendo impactos de objetos contundentes.
Finalmente, lograron refugiarse en un restaurante cercano, donde permanecieron mientras solicitaban ayuda al ECU 911.
Personal de emergencia acudió al lugar y realizó una valoración médica preliminar. Andrés Sánchez presentó sangrado nasal, inflamación en el ojo derecho, cortes en la cabeza y múltiples golpes, mientras que Pamela Ojedis también sufrió lesiones físicas.
Posteriormente, agentes de la Policía Nacional brindaron resguardo a ambos periodistas y facilitaron su traslado a un lugar seguro.
Fundamedios advirtió que este hecho podría constituir una vulneración a la libertad de expresión y recordó que el artículo 183 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con penas de seis meses a dos años de prisión a quienes restrinjan este derecho mediante actos violentos.
La organización condenó la agresión y pidió a la Fiscalía iniciar investigaciones sobre lo ocurrido, además de alertar sobre un ambiente hostil hacia los medios de comunicación en el sector.