Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía en el juicio del caso Sinohydro, la adjudicación del proyecto Coca Codo Sinclair habría dado origen a una estructura de corrupción diseñada para mover pagos ilícitos mediante empresas offshore y triangulación financiera internacional.
La acusación sostiene que Sinohydro habría desembolsado USD 76,1 millones en pagos indebidos, equivalentes al 4% del valor total del contrato de la hidroeléctrica, cuyo monto superó los USD 1.979 millones.
De acuerdo con la investigación, los recursos habrían sido transferidos a cuentas en Panamá y otros paraísos fiscales mediante empresas controladas por Conto P. y su entorno. A través de esa red financiera, el dinero presuntamente fue distribuido entre funcionarios, representantes de la empresa china y personas vinculadas al círculo familiar del exvicepresidente Lenín Moreno.
Dentro de esa estructura aparece José Eduardo Carmigniani, a quien la Fiscalía identifica como uno de los operadores financieros y jurídicos clave para sostener el esquema. Según el expediente, su función habría sido diseñar y mantener la arquitectura corporativa utilizada para mover los fondos sin levantar alertas.
La teoría fiscal sostiene que el entramado utilizó sociedades offshore, contratos simulados y triangulación bancaria para ocultar el origen de los recursos y dar apariencia legal a transferencias relacionadas con sobornos.
En ese contexto, Carmigniani no es presentado únicamente como un abogado o asesor externo, sino como una figura operativa dentro del flujo de recursos. Su papel, según la acusación, habría consistido en facilitar la circulación y protección del dinero dentro de la red investigada.
La causa involucra a 21 procesados por presunto cohecho. Entre ellos constan ex representantes de Sinohydro, exgerentes de Coca Codo Sinclair EP, familiares y allegados de Lenín Moreno y personas vinculadas al círculo de Conto P. La Fiscalía divide a los implicados entre siete autores y catorce cómplices.