La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 29 años y cuatro meses de prisión contra el exasambleísta Santiago Díaz Asque, hallado culpable del delito de violación contra una menor de 12 años.
A través de sus redes sociales, la entidad confirmó que la pena corresponde a la máxima agravada prevista para este delito.
Además, el Tribunal que conoció el caso dispuso el pago de una reparación integral fijada en 5.000 dólares a favor de la víctima y también dispuso a la red de salud pública que se entregue tratamiento psicológico a la adolescente.
Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió en diciembre de 2024, cuando la víctima acudió a una cena navideña en la vivienda del entonces legislador.
La Fiscalía sostuvo además que Díaz Asque habría entregado USD 140 a la menor para que guardara silencio sobre lo ocurrido, diciéndole que se trataba de un obsequio “por Navidad”.
La Fiscal especializada en delitos de violencia basada en género presentó ante el Tribunal los testimonios de ocho personas, entre testigos y peritos, así como dos pruebas documentales.
El caso se hizo público en 2025
La denuncia trascendió públicamente en julio de 2025 y derivó en la detención del exasambleísta, quien posteriormente se entregó voluntariamente a las autoridades.
Tras conocerse el caso, Santiago Díaz fue expulsado de la bancada de la Revolución Ciudadana.
El perito médico-legal confirmó, en su testimonio, la existencia de huellas compatibles con la consumación del delito, cuya data coincide con la fecha de la agresión relatada por la víctima.
Luego de evadir a la justicia durante casi dos semanas, el ahora sentenciado se entregó a las autoridades el 22 de julio de 2025. Ese mismo día, Fiscalía formuló cargos en su contra ante la Jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1 de Pichincha. Al término de la diligencia, la Magistrada ordenó prisión preventiva y dispuso medidas de protección para la víctima y su familia.
El exasambleísta fue llamado a juicio el 18 de noviembre de 2025. En esa audiencia también se ratificaron la prisión preventiva y las medidas de protección a favor de la víctima.