El próximo viernes 8 de mayo se desarrollará la audiencia de formulación de cargos contra Guido Marcelo Perugachi Guandinango, dirigente indígena y excandidato vinculado a la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), investigado por el presunto delito de paralización de servicio público durante las protestas registradas en Imbabura entre septiembre y octubre de 2025.
La causa judicial ha generado expectativa en la provincia debido a que las manifestaciones de 2025 provocaron cierres de vías, suspensión de actividades y afectaciones a distintos servicios en Ibarra y otros sectores de Imbabura. Según la Fiscalía, las investigaciones apuntan a que Perugachi habría tenido participación activa en la convocatoria y continuidad de las movilizaciones.
De acuerdo con el expediente fiscal, el proceso se basa en una serie de manifestaciones que tuvieron lugar en distintos sectores de Ibarra y otras zonas de Imbabura, donde, según las investigaciones, grupos de manifestantes habrían obligado a comerciantes a cerrar sus negocios, bloqueado sectores estratégicos y afectado servicios públicos.
La Fiscalía sostiene que Perugachi habría tenido un rol activo dentro de las movilizaciones, presuntamente incitando a los participantes a continuar con las protestas. En el expediente se menciona que agentes policiales identificaron al dirigente durante una concentración en el sector del Obelisco, en Ibarra, donde habría emitido mensajes dirigidos a mantener el paro “hasta las últimas consecuencias”.
Entre los hechos recogidos por la investigación consta que el 29 de septiembre de 2025, cerca de 100 personas se movilizaron por las calles Sánchez y Cifuentes y Cristóbal Colón, en Ibarra. Según los reportes policiales, varios participantes cubrían sus rostros y portaban palos, banderas y pancartas.
La investigación también detalla que el 30 de septiembre se registraron nuevas movilizaciones en sectores como Los Ceibos, La Esperanza y los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. En esos puntos, según la versión oficial, comerciantes habrían sido presionados para cerrar sus locales.
Protestas en Imbabura dejaron afectaciones a servicios públicos
Otro de los episodios que forman parte del proceso ocurrió el 8 de octubre de 2025, cuando grupos provenientes de comunidades de Cotacachi, Antonio Ante y Otavalo llegaron a Ibarra. Parte de los manifestantes habría utilizado vehículos con placas cubiertas para evitar su identificación.
Según la documentación presentada por Fiscalía, durante las jornadas de protesta también se registraron daños en redes de distribución de agua potable y líneas de conducción que abastecen a varios sectores del cantón Ibarra. Asimismo, se reportaron afectaciones a las actividades educativas y restricciones a la movilidad.
Delito de paralización de servicio público contempla hasta tres años de prisión
El delito que se le imputa a Perugachi está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con la paralización de servicios públicos. Esta infracción contempla penas de hasta tres años de prisión.
Como parte de los elementos recabados dentro de la investigación constan partes policiales, informes periciales, reportes del ECU 911, versiones de testigos y documentos remitidos por entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Educación y la Empresa Municipal de Agua Potable de Ibarra.