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Caso Encuentro: Superintendencia de Bancos y UAFE piden al Banco Guayaquil información financiera de personas relacionadas con la investigación

El requerimiento busca analizar movimientos financieros entre 2021 y 2024 dentro de una investigación por presunta corrupción en empresas públicas.

El director de la UAFE, José Julio Neira.
El director de la UAFE, José Julio Neira. (Cortesía)

La Superintendencia de Bancos, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), solicitó al Banco Guayaquil información financiera de personas vinculadas al denominado caso Encuentro, en el marco de una investigación que apunta a una presunta red de corrupción en el país.

El director de la UAFE, José Julio Neira, confirmó que esta acción responde a procesos de análisis de inteligencia financiera orientados a identificar posibles irregularidades en los movimientos económicos de los involucrados. El periodo requerido abarca desde enero de 2021 hasta diciembre de 2024.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el requerimiento se dirigió específicamente al Banco Guayaquil debido a que, según los reportes analizados, varias de las personas bajo observación habrían mantenido productos financieros en esta entidad, además de haber tenido relación con el denominado Gobierno del Encuentro, durante la administración del expresidente Guillermo Lasso.

Dentro del universo de análisis constan, entre otros, Hernán Luque Lecaro y Nain Massuh, cuyos movimientos serán revisados como parte del proceso. Las autoridades han precisado que existen más personas bajo investigación, cuya identidad se mantiene en reserva mientras avanzan las diligencias.


Alcance del requerimiento y tipo de información

El objetivo de esta solicitud es reconstruir los posibles esquemas financieros utilizados dentro de la presunta estructura investigada. Para ello, se ha requerido información detallada que incluye productos financieros, expedientes de vinculación de clientes, perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional y la eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Desde la Superintendencia de Bancos se ha enfatizado que este proceso no constituye una determinación de responsabilidad, sino que responde al fortalecimiento de los controles y medidas preventivas dentro del sistema financiero ecuatoriano. La entidad también subrayó que la información recopilada será analizada en coordinación con las autoridades competentes, garantizando el debido proceso.

En este esquema, la UAFE cumple un rol técnico clave al procesar los reportes de operaciones inusuales generados por el sistema financiero, los cuales sirven como insumo para la Fiscalía General del Estado en el desarrollo de las investigaciones penales.

Contexto del caso y seguimiento internacional

El caso Encuentro investiga una presunta red de delincuencia organizada que habría operado entre 2021 y 2023 en empresas públicas del sector eléctrico. La trama gira en torno a supuestos esquemas de cobro de sobornos y venta de cargos públicos, mediante la colocación de funcionarios en posiciones estratégicas a cambio de beneficios económicos.

Hasta el momento, el proceso ya ha derivado en sentencias, entre ellas la de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), lo que ha intensificado el seguimiento de las autoridades sobre los flujos financieros vinculados.

Como parte del contexto, Neira reveló que en 2025 la UAFE reportó a la Fiscalía movimientos irregulares que superan los 1.500 millones de dólares, detectados tanto en el sistema financiero nacional como en el sector de economía popular y solidaria, asociados a patrones que podrían vincularse con lavado de activos, testaferrismo y actos de corrupción.

En paralelo, las autoridades ecuatorianas mantienen gestiones internacionales para garantizar la comparecencia de los investigados, con acciones en países como Argentina, Colombia y España.

Con este tipo de medidas, los organismos de control buscan reforzar la vigilancia sobre el sistema financiero, prevenir riesgos asociados a delitos económicos y sostener la confianza institucional.

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