El fiscal Santiago Trujillo, a cargo de la investigación por la muerte de Luis Alberto Alarcón Herrera, rechazó los cuestionamientos realizados por la familia del fallecido y aseguró que la Fiscalía ha actuado con la debida diligencia.
En declaraciones enviadas vía WhatsApp a Metro Ecuador, el funcionario sostuvo que las diligencias investigativas se han ejecutado conforme a la normativa vigente y que la defensa ha tenido acceso al expediente.
“Todo se le ha despachado, todas las diligencias investigativas están notificadas y tienen copias. Vienen todos los días a revisar”, señaló el fiscal.
Fiscalía defiende actuación del proceso
Trujillo calificó como falsas las afirmaciones del abogado de la familia, quien denunció presuntas irregularidades en la investigación.
“El proceso está debidamente notificado (...) es falso lo que está diciendo el abogado de la víctima”, indicó.
Además, enfatizó que la Fiscalía Provincial de Pichincha ha actuado de manera inmediata desde el inicio del caso.
“La Fiscalía ha actuado con la debida diligencia y ha dispuesto diligencias investigativas con el fin de obtener indicios suficientes para una eventual formulación de cargos”, agregó.
Denuncia de la familia
Las declaraciones del fiscal surgen luego de que la familia de Luis Alarcón anunciara que presentará una denuncia en su contra por presuntas irregularidades en el proceso este miércoles 29 de abril de 2026.
A través de un escrito dirigido a la Fiscalía de Personas y Garantías de Pichincha, la viuda del fallecido, Alejandra Hernández Herrera, cuestionó la actuación del funcionario dentro de la indagación previa por presunto homicidio culposo por mala práctica profesional.
El abogado de la familia, Oswaldo Trujillo, aseguró que no han sido notificados de varias diligencias clave y que no pudieron participar en versiones rendidas por los investigados.
Investigación sigue en curso
El caso se mantiene en etapa de indagación previa, mientras la Fiscalía continúa recabando elementos para esclarecer los hechos.
La muerte de Luis Alarcón es investigada como un presunto caso de mala práctica profesional en una clínica odontológica de Quito.
Hasta el momento, no se ha anunciado una formulación de cargos.