Lo que en un inicio parecía un ataque tipo sicariato que paralizó por horas el Puente de la Unidad Nacional terminó siendo un caso de femicidio.
La mañana del lunes 20 de abril de 2026, Solange Arellano, abogada de 30 años y funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD), fue asesinada a tiros mientras se dirigía a su lugar de trabajo.
Su cuerpo quedó dentro del vehículo que conducía, mientras unidades policiales acordonaban la zona.
El levantamiento del cadáver se realizó más de dos horas después, en medio de la recopilación de indicios y testimonios.
El agresor: su pareja y miembro activo de la Policía
Fuentes policiales confirmaron que el autor del crimen fue su pareja, el sargento segundo Ecuador Castro Vásquez, de 40 años, quien utilizó su arma de dotación para cometer el ataque.
Tras dispararle, el uniformado fue captado en video tendido en el suelo, con manchas de sangre en su ropa. Posteriormente se levantó, caminó hasta su vehículo blanco estacionado a pocos metros y huyó del lugar.
Según investigaciones de la Policía, al parecer Castro habría intentado quitarse la vida en el mismo puente tras el ataque, resultando herido.
Esto explicaría las manchas de sangre visibles en su camiseta. Sin embargo, se levantó y se dirigió hasta el sector de Pascuales, en el norte de Guayaquil.
Persecución y hallazgo en Pascuales
El comandante de la Zona 8, Walter Villarroel, detalló que mediante cámaras de vigilancia se logró rastrear el vehículo del sospechoso hasta una vivienda en Pascuales.
Cuando los agentes llegaron al inmueble, escucharon dos detonaciones. Tras asegurar el perímetro e ingresar, encontraron al sargento sin vida, sentado en una silla, con el arma de fuego en sus manos.
La vivienda pertenece a su madre, quien actualmente reside en Estados Unidos. Familiares del uniformado llegaron al sitio horas después, al conocer lo ocurrido.
Consecuencias familiares y últimos actos
La pareja deja en la orfandad a un niño de 10 años. Al momento del crimen, el menor se encontraba bajo el cuidado de un familiar.
De acuerdo con información recabada, Castro habría llamado a su cuñada tras el ataque para confesar el crimen y pedirle que cuide de su hijo.
Las autoridades también confirmaron que la víctima no había reportado amenazas previas, ni el agresor dejó una carta explicando sus acciones.
Más del sargento Castro:
Castro se desempeñaba en el área jurídica del cantón El Carmen, en Manabí, mientras que Arellano ejercía como profesional independiente desde 2013, además de su trabajo en la ATD.
El caso continúa en investigación para esclarecer las motivaciones del crimen, así como la secuencia completa de los hechos.
Este hecho ha generado conmoción a nivel nacional, no solo por la violencia del acto, sino por el uso de un arma de dotación en un crimen de carácter personal, lo que vuelve a poner en debate los controles sobre este tipo de armamento dentro de la institución policial.