Las denuncias ciudadanas por ruido excesivo, desorden y consumo de alcohol en el norte de Quito derivaron en un operativo de control que terminó con la clausura de seis establecimientos y el inicio de varios procesos sancionatorios.
La intervención fue ejecutada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), en coordinación con otras entidades de seguridad. El objetivo fue verificar que bares, discotecas y restaurantes cumplan con la normativa vigente.
Irregularidades en permisos y funcionamiento
Durante las inspecciones, las autoridades detectaron que varios locales operaban sin su Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). Además, algunos restaurantes funcionaban como discotecas, con música a alto volumen, consumo masivo de alcohol y personas bailando.
Uno de los casos más graves se registró en la calle Mariano Aguilera, donde los responsables de un establecimiento intentaron impedir la inspección. Los accesos fueron cerrados, dejando a los asistentes dentro e impidiendo el ingreso de las autoridades. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional del Ecuador para ingresar al lugar.
Una vez dentro, se constató que el local operaba como discoteca sin contar con los permisos necesarios y con una gran cantidad de personas en estado etílico. El establecimiento fue clausurado de inmediato.
Hallazgo de sustancias sujetas a control
En el sector de Iñaquito, durante la inspección de otro establecimiento encontraron varias sustancias ilícitas escondidas en distintas áreas del local.
Se detectaron dosis de marihuana, cocaína y otras sustancias ocultas en paredes y mobiliario. Además, el lugar también operaba sin la licencia correspondiente, lo que derivó en su clausura.
Sanciones para los locales
El operativo contó con la participación de la Secretaría de Seguridad de Quito, el Cuerpo de Agentes de Control, la Intendencia General de Policía y la Policía Nacional.
En total, se iniciaron nueve procesos sancionatorios por distintas infracciones. Según la normativa municipal, los establecimientos que incumplen las disposiciones pueden enfrentar multas superiores a los 7.000 dólares, además de la clausura.