Ecuador y Colombia se preparan para una nueva dinámica comercial a partir del 1 de mayo. Este ajuste en la estructura arancelaria responde a una visión integral de seguridad fronteriza, marcando un periodo de adaptación para los sectores productivos que buscan asegurar que el comercio bilateral se desarrolle en un entorno más protegido y regulado.
Para Freddy Cevallos, consultor tributario y financiero, estas medidas responden a una visión de Estado que busca proteger el entorno comercial, aunque plantea desafíos de adaptación para el sector privado en el corto plazo.
El ajuste en los costos de importación es parte de la dinámica de control que el país ha decidido implementar. Cevallos explica que la estructura de compras a Colombia —que a cierre de 2025 alcanzó los $2.000 millones— deberá adaptarse a los nuevos costos operativos.
“Cerca del 60% de lo que compramos corresponde a materia prima. El desafío para la industria local será absorber o compensar el costo adicional de recibir estos insumos bajo las nuevas tasas, para mantener la competitividad en el producto terminado”, señala Cevallos.
El “Efecto Percha” y la oportunidad local
El cambio en los precios de productos como el café, que ha visto variaciones importantes en supermercados, abre una puerta a la industria nacional.
“Cuando el consumidor percibe un ajuste en el precio final, comienza a buscar productos sustitutos locales. Esto, si bien exige agilidad del importador, también fomenta que la marca país gane terreno en las perchas frente a la oferta externa”, explica el experto.
Tecnología ecuatoriana: Especialización y permanencia
Ecuador no solo compra, también exporta valor. Cerca del 20% de los $900 millones vendidos a Colombia corresponde a tecnología personalizada.
“Nuestra tecnología ha sido desarrollada con un performance específico para las necesidades colombianas. Este sector requiere un acompañamiento para asegurar que, a pesar de los ajustes arancelarios, el valor agregado ecuatoriano siga siendo indispensable para el mercado vecino”, puntualiza Cevallos.
Seguridad: La prioridad estratégica del Gobierno
El trasfondo de esta medida es la firme decisión del Gobierno de financiar y fortalecer la seguridad en los 600 kilómetros de frontera. Según el experto, el mandatario ha priorizado la integridad del territorio para frenar actividades ilícitas que afectan indirectamente al comercio legal.
“Es una decisión de alto impacto que busca un beneficio mayor: la tranquilidad de operar en un entorno seguro. El objetivo es llegar a un punto de quiebre donde ambos países garanticen que sus fronteras sean canales exclusivos para el comercio lícito y responsable”, enfatiza el consultor.
Cevallos concluye que, aunque el periodo de transición requiere ajustes en el empleo formal y la recaudación, la visión de largo plazo es positiva: “Es una apuesta por el orden. Al final del día, una frontera segura es la mejor garantía para un comercio sostenible. Veremos los resultados consolidados hacia el cierre de junio”.
El desafío del mercado laboral y la sostenibilidad
La transición hacia un esquema comercial más seguro también plantea retos cuantitativos para el sector formal. Según las proyecciones analizadas por el consultor Freddy Cevallos, la contracción esperada en el intercambio comercial —que podría superar el 50% de las operaciones actuales— pone en alerta a las estructuras de nómina de las empresas importadoras y exportadoras.
“El riesgo no es menor; hablamos de una afectación que, de no ser gestionada con estrategias de eficiencia, podría impactar a una parte importante de las plazas de trabajo vinculadas directamente al comercio bilateral. Si las ventas caen a la mitad, la capacidad de sostener el empleo formal se vuelve el desafío número uno del empresario hoy”, advierte Cevallos.
Sin embargo, el experto matiza que este escenario es el catalizador para una reconversión productiva. Al fortalecerse la seguridad fronteriza, se espera que la disminución de los costos indirectos causados por la inseguridad compense, a mediano plazo, el esfuerzo que hoy realiza el sector empleador.
“Es una etapa de optimización. El objetivo es que el sacrificio en la dinámica de empleo de este trimestre se traduzca en plazas de trabajo mucho más sólidas y protegidas de cara al segundo semestre del año, bajo un entorno de seguridad garantizado por el Estado”, puntualiza.