En Quito, un video viral ha encendido el debate público tras mostrar a un repartidor movilizándose en una motocicleta eléctrica mientras transporta a un infante dentro de una mochila de delivery. Las imágenes, difundidas en redes sociales, evidencian una situación de alto riesgo para el menor, quien aparentemente se encuentra dormido durante el trayecto. El hecho ocurrió en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, donde circulan buses y vehículos pesados.
Preocupación en la sociedad
El caso ha generado preocupación por la seguridad del menor y el cumplimiento de normas de tránsito en Ecuador. En el video se observa que el niño no cuenta con casco de protección ni un sistema adecuado de sujeción, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Expertos en movilidad señalan que este tipo de prácticas vulnera derechos básicos del infante, además de exponerlo a caídas o impactos en caso de frenadas bruscas.
La reacción en redes sociales ha sido dividida. Un sector de usuarios defiende al repartidor, argumentando que refleja la dura realidad de muchos trabajadores informales, quienes deben equilibrar sus responsabilidades laborales con el cuidado de sus hijos. Esta postura apela a la empatía y a la falta de redes de apoyo social. Sin embargo, otro grupo critica duramente la acción, calificándola como irresponsable y peligrosa, destacando que el menor podría caer de la mochila o sufrir lesiones graves ante cualquier incidente vial.
En cuanto al marco legal, la Agencia Metropolitana de Tránsito establece sanciones claras. Transportar a un acompañante sin casco homologado implica una multa del 30% del Salario Básico Unificado, equivalente a aproximadamente 135 dólares, además de la reducción de seis puntos en la licencia de conducir. Estas medidas buscan reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes que involucren a personas vulnerables, especialmente menores de edad.
Este caso reabre el debate sobre las condiciones laborales en el sector de entregas a domicilio en Ecuador. La falta de regulación y protección social obliga a muchos trabajadores a tomar decisiones extremas, exponiendo no solo su integridad, sino también la de sus familias. Mientras tanto, la ciudadanía exige mayor control, pero también soluciones estructurales que atiendan la raíz del problema.