Una jueza de la Unidad Judicial Penal de San Gabriel dictó prisión preventiva contra una mujer y su pareja sentimental por su presunta participación en el delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte de una niña de un año y medio.
El hecho ocurrió en el cantón Montúfar, provincia del Carchi. Los procesados, identificados como Ana Lucía N. M. y Jordan Alexander A. P., fueron aprehendidos en flagrancia tras las investigaciones iniciadas por la desaparición de la menor, quien era hija de la mujer.
Según la versión inicial de la madre, la niña habría sido entregada al padre biológico días antes, sin que este la devolviera. Sin embargo, durante el proceso investigativo, tanto ella como el padrastro ofrecieron versiones contradictorias.
De acuerdo con las diligencias, el padrastro indicó que el 8 de abril contactaron al padre biológico para permitirle visitar a la menor, pero familiares de este señalaron que la niña no se encontraba con ellos.
Posteriormente, la madre habría confesado que el 9 de abril provocó la muerte de la menor al sumergirla en un tanque de agua en su vivienda, ubicada en la E35 Panamericana Norte, en San Gabriel.
Tras el hecho, habría trasladado el cuerpo en un bus interprovincial hasta la provincia de Imbabura, en el cantón Antonio Ante, parroquia Atuntaqui, donde lo abandonó entre matorrales, cerca de un puente.
Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron al lugar junto a la procesada y localizaron el cuerpo en estado de descomposición, cubierto con cobijas.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó elementos como la denuncia de desaparición, versiones de los implicados, informes técnicos del domicilio, acta de levantamiento del cadáver y reportes policiales.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días.
Marco legal
El delito de desaparición involuntaria está tipificado en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas de entre 7 y 10 años de prisión. Sin embargo, cuando el caso deriva en la muerte de la víctima, la sanción puede aumentar de 22 a 26 años.