El Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera alcanzó un respaldo mayoritario en la Asamblea Nacional este 15 de abril de 2026.
Tras su aprobación legislativa, el proyecto será remitido al presidente Daniel Noboa, quien deberá decidir entre vetarlo o disponer su publicación en el Registro Oficial.
Una vez entre en vigencia, la normativa establece que las autoridades educativas y el ente rector de la política financiera deberán diseñar, en el plazo de un año, una estrategia para su implementación.
Educación financiera en aulas y fuera de ellas
La ley contempla dos ámbitos de aplicación:
Educación formal
Se integrará progresivamente en:
- Escuelas
- Colegios
- Universidades
Los contenidos se incorporarán respetando la autonomía académica y la libertad de cátedra.
Educación no formal
También se desarrollarán programas dirigidos a personas fuera del sistema educativo, con énfasis en:
- Adultos mayores
- Población rural
- Emprendedores
- Migrantes
- Beneficiarios de programas sociales
El objetivo es ampliar el alcance de la educación financiera a toda la población.
Contenidos clave de la normativa
El proyecto aprobado establece lineamientos concretos para fortalecer la formación financiera:
- Prevención de fraudes electrónicos
- Uso seguro de plataformas digitales y aplicaciones
- Protección de datos personales
- Identificación de riesgos en entornos digitales
- Formación sobre tecnologías emergentes como la inteligencia artificial
La ley responde a los desafíos actuales del entorno digital y financiero.
Rol de docentes e instituciones
La normativa también dispone:
- Capacitación continua para docentes en educación financiera
- Coordinación entre el sistema educativo y entidades financieras
- Participación de instituciones públicas y privadas, incluidas las de la economía popular y solidaria
Además, las entidades financieras deberán ejecutar programas de capacitación al menos una vez al año en distintos cantones del país.
Un enfoque adaptado a la diversidad
El proyecto establece que los contenidos deberán adaptarse a las realidades sociales y culturales del país, considerando la interculturalidad y las distintas formas de economía comunitaria.
La meta es formar ciudadanos capaces de tomar decisiones informadas y responsables sobre sus recursos.