El Tribunal de Garantías Penales de Quito declaró culpable a un ciudadano por el delito de lesiones dentro del caso conocido como “Justicia para Sami”, un proceso que surge tras la presunta mala práctica médica que dejó a una adolescente en estado crítico.
La sentencia se conoció el jueves 9 de abril de 2026, luego de una audiencia de juicio realizada en la parroquia Iñaquito.
Condena incluye prisión y reparación económica
El Tribunal determinó la responsabilidad de Walter A. como autor directo del delito de lesiones y le impuso una pena de 1 año y 8 meses de prisión.
Además, se dispuso:
- El pago de USD 100.000 como reparación integral a favor de la víctima
- Una multa equivalente a 8 salarios básicos unificados
- La inhabilitación profesional durante el tiempo de la condena
También se ordenó al Ministerio de Salud Pública garantizar tratamiento médico especializado permanente para la adolescente afectada.

El origen del caso: una cirugía que cambió su vida
El proceso judicial se origina tras la denuncia presentada por Estefanía Oña, madre de Samantha Loachamín, una adolescente de 13 años que fue sometida a una cirugía de escoliosis en una clínica privada.
Según la familia, lo que inicialmente era un procedimiento de bajo riesgo derivó en graves complicaciones, incluyendo afectaciones neurológicas que comprometieron la movilidad de la menor.
La madre sostiene que durante la intervención se habría corregido en exceso la columna y que los tornillos implantados afectaron la médula espinal, lo que provocó un deterioro crítico en la salud de la adolescente.

Estado crítico y secuelas permanentes
Tras varias intervenciones médicas, Samantha entró en coma y posteriormente fue diagnosticada con imposibilidad de mover sus extremidades.
La menor permaneció más de 60 días en una unidad de cuidados intensivos pediátricos y requirió procedimientos adicionales, incluida una traqueostomía.
Proceso judicial y búsqueda de justicia
La familia inició acciones legales por presunta mala práctica médica, en un proceso que incluyó pericias, testimonios y cambios en la conducción fiscal del caso.
La defensa ha señalado que este caso podría sentar un precedente en el sistema de salud ecuatoriano, debido a la gravedad de las consecuencias para la menor.
Defensa busca suspensión condicional de la pena
Tras la sentencia, la defensa del procesado solicitó una audiencia para analizar la posible suspensión condicional de la pena, trámite que quedó registrado por el Tribunal.
Mientras tanto, la familia de la adolescente mantiene su exigencia de justicia y reparación integral, en un caso que ha generado atención pública por las presuntas fallas en la atención médica.
