El exjugador ecuatoriano Christian Lara, conocido como el “Diablito”, fue enviado a prisión preventiva tras ser procesado por su presunta participación en un robo agravado registrado en el sur de Quito.
La medida fue dispuesta este 8 de abril de 2026 por una jueza de garantías penales durante la audiencia de calificación de flagrancia.
Junto a Lara, también recibieron la misma medida cautelar Luis Alberto M., José Eduardo M. y Wilter Ramón C.
La autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes que vinculan a los cuatro con el delito investigado.
De acuerdo con la Fiscalía, el robo se registró la mañana del 7 de abril en la intersección de las avenidas Pedro Vicente Maldonado y Francisco Gómez, en el sector El Recreo.
La alerta fue emitida a través del ECU-911, lo que permitió la rápida intervención policial.
Al llegar al sitio, los agentes identificaron un vehículo sin placas en el exterior del local comercial.
Según el reporte, Lara se encontraba al volante del automóvil presuntamente utilizado para la huida.
En el interior del establecimiento, los otros implicados habrían intentado escapar, pero fueron neutralizados por los uniformados.
Evidencias clave del caso
Durante el operativo, la Policía recabó varios indicios que sustentan la investigación:
- Tres armas de fuego, incluida una subametralladora
- Dos pistolas y municiones
- Dispositivos electrónicos presuntamente robados
- Indicios balísticos, como vainas percutidas
Además, pericias técnicas confirmaron que el armamento era apto para el disparo.
Decisión judicial y proceso legal
Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado, la jueza resolvió:
- Legalizar la aprehensión
- Calificar la flagrancia
- Formular cargos por robo agravado
El delito está tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal.
Al evaluar las medidas cautelares, la magistrada consideró la gravedad del hecho, la presunta participación directa de los implicados y la falta de arraigo suficiente.
Se dispuso el traslado de los procesados a un centro de privación de libertad, la incautación de un vehículo vinculado al caso y el inicio de una instrucción fiscal de 30 días.