La muerte de Luis Alberto Alarcón Herrera, de 37 años, ocurrida el 2 de abril de 2026 en una clínica dental del norte de Quito, no solo ha generado cuestionamientos médicos, sino también un posible escenario penal.
De acuerdo con el abogado Oswaldo Trujillo, defensor de la familia de Alarcón, el caso podría configurarse como un presunto delito de homicidio culposo por mala práctica médica, tipificado en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Trujillo sostiene que el paciente ingresó con vida al procedimiento y falleció durante la intervención, lo que —a su criterio— encajaría en este tipo penal. “Se debe determinar si el odontólogo o la anestesióloga incumplieron su deber objetivo de cuidado y, como consecuencia de una posible negligencia —por ejemplo, un presunto mal uso de medicamentos—, provocaron un paro cardiorrespiratorio”, explicó.
El jurista precisó que este delito contempla una pena de uno a tres años de prisión; sin embargo, señaló que, de existir agravantes, la sanción podría incrementarse hasta cinco años.
También indicó que al momento se está esperando el resultado toxicológico de Medicina Legal, el informe final de la autopsia, y recalcó que el artículo 146 del COIP se adecua al médico cuando existe un descuido grave o cometer un error evitable en el procedimiento, debido a que es un delito culposo y no doloso.
En la misma línea, el abogado y experto en Derecho Penal, Galo Quiñónez, indicó que el caso apuntaría a una presunta mala práctica profesional. “Se trataría de un homicidio culposo por mala práctica médica, que se configura cuando existe inobservancia de protocolos o incumplimiento del deber de cuidado, ya sea por acción u omisión negligente”, explicó, en referencia al artículo 146 del COIP.
Elementos que se investigan en este caso
En el caso de Alarcón, las autoridades deberán determinar si existieron fallas en el procedimiento odontológico realizado bajo anestesia general.
Entre los aspectos que podrían ser evaluados en la investigación constan:
- La justificación médica para el uso de anestesia general en un procedimiento odontológico rutinario.
- La identificación y habilitación del profesional responsable de la anestesia.
- Las condiciones del establecimiento para realizar este tipo de procedimientos.
- La existencia de equipos y protocolos para atender emergencias médicas.
Además, se analizarán posibles inconsistencias en los documentos firmados por el paciente, como consentimientos informados sin firmas completas o con fechas que no coinciden con el día del procedimiento.
Informe de autopsia será clave
El informe del Instituto Nacional de Medicina Legal será determinante para establecer la causa exacta de la muerte y su relación con el procedimiento médico.
Este documento permitirá a la Fiscalía definir si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal formal contra los responsables.
Estado actual del caso
Actualmente, el caso se encuentra en fase de investigación previa. Una vez que la Fiscalía reciba el protocolo de autopsia, se definirá la situación jurídica de los involucrados.
De confirmarse la existencia de responsabilidad, los implicados podrían enfrentar cargos por homicidio culposo, en el marco de una posible mala práctica médica.
Mientras tanto, el establecimiento donde ocurrió el hecho fue clausurado temporalmente por las autoridades municipales por no contar con los permisos necesarios para realizar procedimientos bajo anestesia general.
El caso ha abierto un debate sobre los controles en clínicas privadas y la regulación de procedimientos médicos que implican riesgos mayores para los pacientes.