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Policía indignada por liberación de banda de Los Lobos en Quito

La Policía cuestionó la liberación de este grupo delictivo pese a las pruebas presentadas

Los Lobos
Los Lobos

La liberación de cinco sospechosos vinculados a una estructura delictiva relacionada con Los Lobos ha generado preocupación en Quito.

Los individuos, detenidos en un operativo policial reciente, recuperaron su libertad pocas horas después de su captura, pese a los indicios en su contra.

El procedimiento fue ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador el 28 de marzo en el sector de Chilibulo.

Entre los aprehendidos se encontraban tres mujeres y dos hombres, señalados por su presunta participación en asaltos a locales comerciales en el norte de la ciudad y en el Valle de Los Chillos.


Durante el operativo, los agentes decomisaron armas de fuego, teléfonos móviles, un vehículo con alteraciones, otro reportado como robado, una motocicleta y prendas de vestir.

Estas últimas fueron claves para vincular a los sospechosos con robos captados en video, incluidos ataques difundidos en redes sociales.

Las investigaciones también apuntan a una posible conexión con hechos violentos recientes en el Valle de Los Chillos, donde se registraron tres muertes en menos de 24 horas, en eventos relacionados con sicariato y asaltos.

Sin embargo, en la audiencia de flagrancia, los detenidos fueron llamados a juicio directo y recibieron medidas cautelares, sin que se dictara prisión preventiva. Esta decisión ha sido cuestionada por autoridades policiales.

El coronel Germán León de la Torre, subcomandante de la Zona 9, expresó su inconformidad al señalar que, pese a las pruebas presentadas —incluyendo videos, armas y vehículos robados—, los sospechosos obtuvieron facilidades para salir en libertad.

“Al menos dos aparecen en los videos del asalto. Probamos que vestían las prendas encontradas como indicios. Ni porque aparecen en los videos quedan tras las rejas”, dijo el comandante

El oficial advirtió que este tipo de resoluciones podría afectar el trabajo investigativo de la Policía y no descartó acciones posteriores a través del Ministerio del Interior.

El caso reabre el debate sobre la respuesta judicial frente al crimen organizado y la efectividad de las medidas cautelares en Ecuador.

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