Un joven de 20 años fue procesado por su presunta participación en el delito de comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, en Quito.
Según informó la Fiscalía General del Estado, el procesado, identificado como Aldo Enrique L. L., recibió prisión preventiva y enfrentará una instrucción fiscal de 90 días, tras la audiencia de formulación de cargos.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti 7), que presentó nueve elementos de convicción ante el juez de la causa.
Investigación inició por alerta internacional
Entre los principales indicios consta un reporte del sistema CyberTipline, una plataforma internacional de denuncias sobre explotación sexual en línea, administrada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), en Estados Unidos.
El informe, que incluye información proporcionada por empresas como Google y WhatsApp, alertó sobre un usuario que habría almacenado más de 453 archivos multimedia —entre fotos y videos— catalogados como material de abuso sexual infantil.
A partir de esta alerta, las autoridades ecuatorianas iniciaron una investigación previa en julio de 2025.
Allanamiento y evidencias
Tras labores investigativas, como seguimientos y técnicas especiales, el sospechoso fue detenido la madrugada del 27 de marzo de 2026 en el sector de La Argelia, en el sur de Quito.
Durante el allanamiento a su domicilio, los agentes encontraron varios dispositivos electrónicos, entre ellos memorias externas, USB, DVD, tarjetas microSD, teléfonos celulares, una laptop y una tablet.
Según Fiscalía, tres de estas memorias externas estaban ocultas dentro de una caja de madera en un armario.
El operativo contó con el apoyo del can “Samai”, especializado en la detección de dispositivos electrónicos.
Proceso judicial en curso
El caso se investiga con base en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la comercialización de material pornográfico con participación de menores de edad.
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance de la presunta actividad delictiva.