Con 83 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en Machala una reforma urgente a la Ley de Régimen Tributario Interno. La normativa apunta a reducir el déficit habitacional, que actualmente afecta a unas 720 mil familias en el país.
El presidente del Legislativo, Niels Olsen, destacó que la iniciativa permitirá ampliar el acceso a vivienda digna mediante la participación del sector privado.
¿Cómo funcionará la nueva ley?
El proyecto establece que las empresas podrán destinar hasta el 30 % de su impuesto a la renta a la construcción de viviendas de interés social.
Estas casas serán gratuitas, incluirán terreno y tendrán un valor de hasta 65.000 dólares.
Están dirigidas a familias sin vivienda o que habitan en condiciones precarias.
Además, se contempla el segmento 2, que incluye a hogares que requieren un subsidio parcial y pueden completar el financiamiento mediante crédito.
La propuesta también contempla un modelo mixto para familias que puedan acceder a créditos con subsidios parciales.
Debate político y cuestionamientos
Durante la sesión participaron 31 legisladores. Mientras el oficialismo respaldó la iniciativa como una solución urgente, sectores de oposición, como el representado por Ricardo Patiño, advirtieron que el problema de vivienda es estructural y no se resolverá solo con incentivos.
El debate reflejó posturas divididas sobre el impacto real de la medida.
Impacto económico y social
La ley, que regirá entre 2026 y 2029, incluye incentivos tributarios de hasta el 100 % sobre el valor invertido.
Además, priorizará zonas con mayores niveles de pobreza y déficit habitacional.
La ley también regula el uso de suelo, permitiendo construir en terrenos del Estado, donados o propios de los beneficiarios, y se articula con normas de ordenamiento territorial para agilizar permisos y declarar estos proyectos como estratégicos.
El Gobierno prevé que esta política no solo reduzca la falta de vivienda, sino que también dinamice la economía y genere empleo en el sector de la construcción.
Próximos pasos
La normativa entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial. Las autoridades deberán supervisar su cumplimiento y evaluar anualmente su impacto fiscal y social.
Con esta medida, el país apuesta por una alianza entre el Estado y el sector privado para enfrentar uno de sus problemas más urgentes: el acceso a vivienda digna.