Mayra Salazar volvió a la esfera pública con un video en redes sociales en el que cuestiona el tratamiento informativo de su caso y advierte sobre posibles vulneraciones a la Ley Orgánica de Comunicación.
Salazar, sentenciada en el denominado caso Metástasis, aseguró que se han difundido contenidos “sin contexto ni verificación”, lo que, a su criterio, genera una narrativa distorsionada y afecta sus derechos.
La excomunicadora cumplió una condena reducida de 15 meses por delincuencia organizada, tras acogerse a un procedimiento abreviado y colaborar con la Fiscalía.
Según afirma, ya cumplió con todas las disposiciones legales, incluidas multas e indemnizaciones.
“Ya pasó un año desde que recuperé mi libertad, y no es aceptable que se me siga condenando socialmente desde espacios mediáticos. Yo cometí un error, lo reconocí, lo enfrenté, y lo más importante es que cumplí íntegramente con todo lo que la justicia me puso dentro del marco legal. Si esa decisión no fue de tu agrado, lo lamento”, dijo en un video en sus redes sociales.
En ese contexto, ha solicitado por tercera ocasión que se ejecute una providencia emitida en marzo de 2025 por la Corte Nacional de Justicia, que ordena el levantamiento de medidas restrictivas que pesaban en su contra, entre ellas la prohibición de enajenar bienes, ordenándose para el efecto la notificación correspondiente a las instituciones competentes.
El juez Manuel Cabrera dispuso reiterar los oficios a los municipios de Guayaquil y Daule para que se cumpla con esta orden.
Destaca que cooperó eficazmente con la Fiscalía, entregando pruebas que, afirma, “hasta el día de hoy nadie ha podido desvirtuarlas.
Antecedentes del caso
De acuerdo con la Fiscalía, Salazar tuvo vínculos con la estructura liderada por el narcotraficante Leandro Norero, facilitando acciones desde el ámbito administrativo para favorecer a la red investigada.
Rechaza que se relacionen sus bienes con un origen ilícito:
Salazar sostiene que no existe evidencia de origen ilícito en sus bienes y afirma que cuentan con respaldo financiero y legal. Indicó que sus tres inmuebles fueron adquiridos con un crédito hipotecario en 2013, otro financiamiento bancario en 2022 y el último sería parte de una herencia familiar.
Además, ha advertido a medios sobre el uso de su imagen, señalando que podría constituir una vulneración de derechos.
La condena sobre Mayra Salazar también incluyó el pago de una multa de $5.520 y la cancelación de una indemnización al Estado de $17.340. Mencionó que todo fue cancelado antes de que saliera de la cárcel.
El caso continúa generando debate público mientras se mantiene la expectativa por el cumplimiento de las disposiciones judiciales pendientes.