La Fiscalía General del Estado vinculó a Raúl Chávez a la instrucción fiscal por presunta delincuencia organizada dentro del denominado “Caso Goleada”, que investiga una red relacionada con lavado de activos y defraudación tributaria.
La decisión fue adoptada este 27 de marzo de 2026 en Quito. El juez de la causa acogió el pedido del Ministerio Público y dispuso prisión preventiva contra el procesado, además de la inmovilización y congelamiento de sus fondos en el sistema financiero nacional.
Asimismo, se ordenó la ampliación de la instrucción fiscal por 30 días adicionales.
Vínculos con el entramado investigado
Durante la audiencia de vinculación, Fiscalía presentó elementos de convicción que apuntan a que Raúl Ch. mantendría relaciones comerciales con empresas que forman parte de la estructura investigada.
Según la investigación, el procesado habría recibido transferencias de dinero —tanto a título personal como a través de su empresa CHN S.A.— desde compañías bajo investigación, sin que exista una justificación comercial válida.
Esto, de acuerdo con el ente acusador, evidenciaría una presunta simulación de servicios para obtener beneficios económicos indebidos.
Además, se expuso el traspaso de un vehículo a la empresa del procesado sin que exista registro de pago.
Evidencias presentadas
Los indicios expuestos por Fiscalía incluyen:
- Conversaciones grupales obtenidas mediante pericias a dispositivos electrónicos
- Información del Servicio de Rentas Internas (SRI)
- Reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
- Datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)
Estas evidencias apuntan a la existencia de un entramado empresarial que habría operado sin activar alertas en los organismos de control.
Esquema con combustibles subsidiados
La investigación se centra en un presunto esquema de comercialización irregular de combustibles.
Según Fiscalía, los procesados habrían utilizado empresas de papel —domiciliadas en Panamá— para desviar combustible subsidiado, destinado a los segmentos automotriz y naviero nacional, hacia otros mercados donde se vendía sin subsidio.
Este mecanismo habría permitido obtener ganancias ilícitas, generando un perjuicio al Estado estimado en aproximadamente 100 millones de dólares.
Investigación en desarrollo
El fiscal del caso indicó que esta estructura se habría configurado en al menos cinco eventos desde 2021, lo que permitiría sustentar el delito de delincuencia organizada.
El caso continúa en fase investigativa y forma parte de las acciones del Estado contra estructuras que afectan al sistema económico y financiero del país.
Marco legal
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la participación en estructuras delictivas con fines ilícitos.