El Gobierno de Ecuador ha declarado al 2026 como el “año de la construcción”, una apuesta que combina inversión pública, incentivos al sector privado y reformas estructurales para dinamizar la economía. En entrevista con Metro Ecuador, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, detalla el alcance del plan, los desafíos de su implementación, el estado en que encontró la cartera de Estado y la visión con la que espera cerrar este proceso.
Señor Ministro, ¿qué significa concretamente que el 2026 sea el año de la construcción, tal como la ha manifestado el Gobierno?
— Implementarlo según nuestra visión es el verdadero desafío que tenemos para este año. Desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte lo estamos abordando desde dos frentes: inversión pública acelerada y política pública que incentive al sector privado.
En inversión pública, hemos contratado más de 50 obras por más de 500 millones de dólares. No todo se ejecuta en un solo año, porque hay proyectos que duran varios ciclos, pero ya están en marcha.
Esta inversión está dividida en dos grandes ejes. El primero corresponde a corredores logísticos estratégicos que mejoran la productividad del país. Por ejemplo, en la vía Guayaquil-Quito, en el tramo Jujan-Buena Fe, invertimos 54 millones de dólares; en Guayaquil-Machala, tramo El Guabo, 20 millones; en Guayaquil-Cuenca, tramo Azuay, 22 millones; en Guayaquil-Riobamba, tramo Chimborazo, 40 millones; y en Ambato-Yambo, la E35, estamos invirtiendo 104 millones de dólares.
También está el eje minero que conecta Zamora-Loja con Puerto Bolívar, clave para la salida de producción hacia los puertos.
El segundo eje es la reconstrucción de la red vial existente, con proyectos como Esmeraldas-Quinindé, el puente Quimís, el puente Lodana, Monay-12 de Octubre, Gapal y Cuenca-Girón-Pasaje.
A esto se suma la inversión en vivienda, donde estamos colocando 500 millones de dólares en el fideicomiso Mitimiti para impulsar vivienda de interés social.
Y en paralelo, el eje de política pública es igual de determinante. Desde el inicio del Gobierno impulsamos reformas tributarias para incentivar la vivienda de interés social, con la finalidad de que el sector privado se sume de forma masiva al dinamismo que estamos generando desde lo público.
Menciona inversión, política pública y sector privado. ¿Cómo se complementan estos enfoques dentro del plan?
—Son dos caras de la misma moneda. Desde el sector público aceleramos obras y generamos inversión directa. Pero al mismo tiempo necesitamos que el sector privado se active. Por eso impulsamos medidas como la devolución del IVA a proyectos inmobiliarios, que fue parte de la primera ley económica urgente del Gobierno. Hoy vemos resultados concretos: existe un portafolio de más de 6.000 millones de dólares en proyectos inmobiliarios en todo el país.
Eso significa que el sector está reaccionando a las señales que estamos dando.
¿Cómo se traduce esto en beneficios concretos para la ciudadanía?
—La construcción tiene algo clave: genera empleo directo e indirecto y dinamiza la economía. Es una de las industrias con mayor efecto multiplicador.
Por ejemplo, en el caso de la vía Jujan-Buena Fe, cerca de 70.000 vehículos pasan por esa vía. La mejora reduce tiempos de traslado, optimiza el transporte de productos agrícolas hacia los puertos y mejora la competitividad.
En el caso de infraestructura vial, hay un doble beneficio: el empleo que genera la obra y el impacto permanente en productividad.
En vivienda, enfrentamos un déficit de cerca de 700.000 hogares. Estamos trabajando en soluciones que van desde construcción tradicional hasta prefabricada, incluso en terrenos propios en zonas rurales.
Esto también tiene un impacto social importante, porque evita la migración hacia las ciudades y fortalece la economía rural.
¿Qué impacto tiene el plan en términos de empleo?
—Es uno de los principales objetivos. La construcción es una industria que activa toda una cadena productiva: desde proveedores de materiales hasta servicios asociados.
Cada proyecto genera empleo directo durante la obra e indirecto en múltiples sectores. Además, proyectos como hospitales, hoteles o infraestructura educativa generan empleo permanente una vez que entran en operación.
Eso es clave porque no solo hablamos de crecimiento temporal, sino de sostenibilidad económica.
¿Cuáles son los principales desafíos para ejecutar este plan?
—Desde el sector público, acelerar procesos y conseguir financiamiento. Pero también hay desafíos en normativa y gestión.
Estamos impulsando reformas legales, como la devolución del IVA en proyectos inmobiliarios, que ya está dando resultados.
Además, se discuten reformas tributarias que permitirán deducir hasta el 30% del impuesto a la renta a quienes inviertan en vivienda de interés social, especialmente en segmentos de menos de 65.000 dólares, donde existe mayor demanda.
También estamos identificando nudos críticos en los gobiernos autónomos descentralizados para agilitar procesos.
¿Cómo se están abordando estos nudos críticos?
—A través de diálogo y articulación. Hemos identificado que muchos promotores inmobiliarios quieren invertir más rápido, pero se enfrentan a barreras locales.
Lo que buscamos es flexibilizar esos procesos sin perder control, para que los proyectos fluyan y se multipliquen.
¿Cómo ha sido la respuesta del sector privado?
—El sector privado responde cuando hay reglas claras, incentivos y demanda. La devolución del IVA ha sido clave porque reduce costos y mejora el flujo de los promotores inmobiliarios.
Antes, ese IVA se trasladaba al precio final. Hoy, eso ha cambiado y se refleja en precios más accesibles para los ciudadanos.
Además, en proyectos como hospitales y hoteles, la devolución del IVA permite recuperar liquidez durante la construcción, lo cual es fundamental porque en ese tipo de inversiones los retornos llegan después de la operación. Esto ha facilitado que nuevos proyectos ya estén en marcha.
¿Imaginó este gran reto en su gestión cuándo recibió la propuesta de asumir esta cartera de Estado?
—La invitación a formar parte del Gobierno fue sorpresiva. Yo venía del sector privado y tenía una reunión con el Señor Presidente para presentar un proyecto, cuando me pidió asumir el ministerio.
Nos conocemos desde hace mucho tiempo, y cuando una persona de confianza te hace ese pedido, la decisión es bastante directa.
Al aceptar, encontramos una situación compleja. Había obras ejecutadas sin pagos de anticipos, atrasos de hasta ocho meses y contratistas que no querían continuar trabajando.
Tuvimos que reorganizar la economía del ministerio, sentarnos con proveedores, explicar la situación y buscar mecanismos para reactivar la obra pública.
Incluso implementamos esquemas como pagos con bonos en algunos casos.
Además, encontramos financiamientos que supuestamente estaban listos, pero no lo estaban. Tuvimos que gestionar y materializar créditos como 218 millones de dólares de la CAF y 150 millones del Banco Mundial.
Hoy esos recursos ya están en ejecución.
¿Qué resultados se pueden evidenciar a partir de esa reorganización?
—Hoy tenemos obras avanzando incluso por encima de la programación. Por ejemplo, el tramo Jujan-Buena Fe está alrededor del 75% de avance. El paso elevado de Monay tiene cerca del 25% de avance cuando debería estar en 20%. Y proyectos como Narupa-Huataraco-Coca están en 55% cuando la planificación indicaba 50%.
Eso demuestra que, pese al punto de partida, hemos logrado recuperar ritmo.
Además, hemos incorporado cambios en la Ley de Contratación Pública, como la posibilidad de trabajar con esquemas internacionales y, sobre todo, el modelo de ingeniería, procura y construcción en un solo contrato, lo cual reduce tiempos y mejora la eficiencia.
Usted viene del sector privado. ¿Cómo ha sido esa transición al sector público??
—La positiva es el aprendizaje y la posibilidad de trabajar en proyectos de impacto nacional en distintas regiones del país.
La parte más compleja es la burocracia: informes interinstitucionales, comités, procesos más largos que en el sector privado.
Sin embargo, hemos trabajado para mejorar esos procesos y hacerlos más eficientes.
¿Qué expectativa tienen para cerrar este año de la construcción?
—Esperamos mantener un crecimiento de dos dígitos en ventas del sector inmobiliario. Ese es un indicador claro de que el sector se está moviendo. Además, buscamos generar empleo en todo el país y dejar obras visibles en múltiples sectores.
Estamos hablando de escuelas, centros de salud, infraestructura vial y grandes proyectos como el Quinto Puente, la vía Guayaquil-Quito, Machachi-Tambillo o el Museo Nacional.
Es un reto grande, pero estamos convencidos de que, con inversión pública, incentivos al sector privado y reformas estructurales, podemos lograr que este 2026 marque un antes y un después en el desarrollo del país.