En Ecuador, el trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. De acuerdo con datos de la organización internacional CARE, ellas realizan 75 de cada 100 horas de estas actividades no remuneradas en el país.
Este tipo de trabajo incluye tareas esenciales como el mantenimiento del hogar, el cuidado de niños, personas mayores o con discapacidad, así como el acompañamiento emocional dentro de las familias. A pesar de su importancia para el funcionamiento de la sociedad, estas labores continúan siendo invisibilizadas y sin reconocimiento económico.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos evidencian que esta carga desigual impacta directamente en la calidad de vida de las mujeres. Muchas de ellas enfrentan lo que se conoce como la “doble” o incluso “triple jornada”: combinan un empleo remunerado con extensas responsabilidades domésticas y, en algunos casos, trabajo comunitario, especialmente en zonas rurales.
En términos de tiempo, las mujeres superan las 60 horas semanales de trabajo total, incluyendo actividades remuneradas y no remuneradas. En áreas rurales, esta cifra puede llegar hasta las 87 horas por semana, mientras que en el caso de los hombres el promedio ronda las 50 horas.
Esta situación también limita el acceso de las mujeres a oportunidades laborales, educativas y de participación social. Según el INEC, cerca de cuatro de cada diez mujeres fuera del mercado laboral señalan que su principal razón es la dedicación a tareas de cuidado y del hogar.
El impacto no es solo social, sino también económico. En 2023, el trabajo no remunerado en los hogares generó aproximadamente 24.964 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 21% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta contribución supera incluso a sectores como el comercio o la construcción.
Frente a este panorama, organizaciones como CARE han insistido en la necesidad de avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados, que permita reconocer el valor de estas actividades y redistribuirlas de manera más equitativa entre el Estado, el sector privado y los hogares.
Especialistas coinciden en que visibilizar esta problemática es un paso clave para reducir brechas de género y construir políticas públicas que reconozcan el trabajo de cuidados como un componente fundamental de la economía.