La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra tres personas por su presunta participación en la desaparición involuntaria con resultado de muerte de Héctor Enríquez, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 25 de febrero de 2026 en una quebrada de la vía Alóag–Santo Domingo.
Según la investigación, la víctima fue reportada como desaparecida el 18 de febrero en el norte de Quito. De acuerdo con las indagaciones, los sospechosos habrían interceptado al joven mientras se movilizaba en su camioneta por el sector de Calderón.
Interceptación, robo y muerte
La Fiscalía sostiene que los ahora procesados habrían maniatado a la víctima con el objetivo de sustraer su vehículo. Durante el traslado, se presume que el joven se opuso al robo, lo que habría derivado en su muerte.
Posteriormente, los implicados habrían arrojado el cuerpo en una quebrada de la vía Alóag–Santo Domingo para ocultar el crimen.
Hallazgo del vehículo y detención
Tras el hecho, los sospechosos se movilizaron en la camioneta de la víctima hasta el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, donde presuntamente ocultaron el vehículo en un taller mecánico.
Gracias a alertas ciudadanas, la Policía logró ubicar el automotor. En un operativo ejecutado el 25 de febrero, los tres sospechosos fueron aprehendidos en flagrancia por el delito de receptación.
En una causa previa, ya habían sido procesados por este delito, debido a que el vehículo constaba con alerta de robo desde el 20 de febrero. En ese proceso, un juez dictó prisión preventiva.
Prisión preventiva y nueva causa
Durante la audiencia por desaparición involuntaria con resultado de muerte, el fiscal presentó varios elementos de convicción, entre ellos la denuncia por desaparición, el parte policial investigativo, versiones de los agentes aprehensores, un informe de trazabilidad del vehículo y la autopsia médico-legal.
Con base en estos elementos, el juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los tres procesados, además de iniciar la instrucción fiscal por un plazo de 90 días.
También se dispusieron medidas de protección a favor de los familiares de la víctima.
Pena podría superar los 20 años
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de desaparición involuntaria se sanciona con pena de siete a diez años. Sin embargo, cuando el hecho deriva en la muerte de la víctima, la pena se incrementa y puede alcanzar entre 22 y 26 años de prisión.
El caso continúa en investigación mientras avanzan las diligencias judiciales.