El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) alertó sobre inconsistencias en procesos de contratación estatal y confirmó el envío de información a la Contraloría General del Estado, tras detectar posibles incumplimientos en un procedimiento ejecutado por la Prefectura del Guayas.
La revisión se realizó luego de una alerta ciudadana, lo que permitió identificar fallas en un proceso de contratación vinculado a servicios de comunicación.
Irregularidades detectadas
De acuerdo con el informe, se evidenciaron varios incumplimientos normativos durante la ejecución del proceso. Entre los principales hallazgos constan:
- No se utilizaron las herramientas informáticas del portal oficial de compras públicas, pese a que su uso es obligatorio.
- El objeto de contratación no se ajustaría a lo establecido en el numeral 4 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOIP)
- Se detectaron inconsistencias en la documentación, con referencias a procesos distintos, lo que afecta la trazabilidad y transparencia.
- Falta de claridad en el estudio de mercado, especialmente en el desglose de costos y proformas presentadas
Ante estas novedades, el SERCOP resolvió remitir toda la documentación a la Contraloría para que se realicen las investigaciones correspondientes. El objetivo es determinar posibles responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Llamado a mejorar la planificación
En este contexto, el SERCOP reiteró su exhorto a todas las entidades del Estado, en especial a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), para que fortalezcan la planificación de sus procesos de contratación.
Esto implica definir correctamente el objeto de contratación, estructurar estudios de mercado sólidos y publicar la información con anticipación y coherencia documental.
Transparencia como eje central
El organismo subrayó que la responsabilidad recae directamente en las entidades contratantes, que deben garantizar sustento técnico en cada procedimiento y evitar inconsistencias.
Finalmente, se recordó que la contratación pública debe regirse por principios de transparencia, integridad y legalidad, con el fin de asegurar a la ciudadanía el acceso a bienes, obras y servicios de calidad.
El fortalecimiento de estos procesos es clave para prevenir irregularidades y recuperar la confianza en la gestión pública.