La Asamblea Nacional aprobó este 17 de marzo de 2026, con 84 votos a favor, la reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, una normativa que introduce cambios clave en la gestión de las cárceles en Ecuador.
El principal eje de la ley establece que las personas privadas de libertad deberán trabajar para cubrir sus propias necesidades mientras cumplen sus condenas, como parte de una estrategia que busca impulsar la rehabilitación y reducir la carga económica del sistema penitenciario.
Trabajo obligatorio para los presos
La normativa impulsa la implementación de programas laborales y productivos dentro de los centros de privación de libertad. El objetivo es que los internos generen ingresos que les permitan sostener sus gastos básicos durante su permanencia en prisión.
Este enfoque también apunta a fortalecer los procesos de reinserción social, promoviendo habilidades laborales que puedan ser utilizadas una vez que los reos recuperen su libertad.
Nuevas medidas de control y seguridad
Además del trabajo obligatorio, la ley contempla la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria para mejorar el control dentro de las cárceles y prevenir actividades delictivas desde el interior de estos espacios.
También se establece la reclasificación de los niveles de peligrosidad de los privados de libertad, lo que permitirá una mejor distribución dentro de los centros penitenciarios según su perfil de riesgo.
Otra de las medidas incluye el fortalecimiento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, con el objetivo de cubrir el déficit de guías penitenciarios.
Uso de la fuerza y profesionalización
La reforma autoriza el uso legítimo de la fuerza por parte de los custodios de cárceles en el cumplimiento de sus funciones, en un contexto marcado por la crisis de seguridad en el sistema penitenciario.
Además, se implementarán procesos de capacitación, evaluación, pruebas de confianza y rotación del personal de seguridad penitenciaria. Estas acciones buscan proteger la integridad de los funcionarios y evitar posibles actos de corrupción dentro del sistema.
Apoyo y rechazo político
El proyecto fue elaborado por la Comisión de Seguridad Integral, presidida por la legisladora Inés Alarcón, y contó con el respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Sin embargo, el bloque de la Revolución Ciudadana (RC) votó en contra de la iniciativa, argumentando que mientras el Estado no tenga un control real de las cárceles, este tipo de reformas no resolverán la crisis penitenciaria.
¿Qué cambia con la nueva ley penitenciaria en Ecuador?
- Los presos deberán trabajar para cubrir sus necesidades
- Se crea un sistema de inteligencia penitenciaria
- Se reclasifica la peligrosidad de los internos
- Se refuerza el personal de seguridad penitenciaria
- Se autoriza el uso legítimo de la fuerza
- Se implementan controles anticorrupción en el sistema carcelario