Tres centros clandestinos de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y drogodependencia fueron clausurados en Quito durante las últimas dos semanas, tras operativos ejecutados por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) en los sectores de Calderón, Yaruquí y Pifo.
Durante las intervenciones se detectaron menores de edad internados, una persona con orden de captura e incluso una persona fallecida, además de condiciones que evidenciarían vulneración de derechos de los internos.
Hallan interna con orden de captura en Calderón
En el operativo más reciente, realizado en San José de Morán, en Calderón, las autoridades encontraron 44 personas internadas, entre ellas 33 hombres y 11 mujeres.
Durante el control se identificó a dos menores de edad, quienes fueron entregados a sus representantes con apoyo de la Dinapen. Además, una mujer que se encontraba internada registraba una orden de captura, por lo que fue aprehendida en el lugar.
Edwin Chicaiza, líder zonal de la AMC en Calderón, señaló que estos centros clandestinos operan al margen de la ley y pueden convertirse en espacios de alto riesgo, donde incluso se oculta a personas requeridas por la justicia.
Investigan muerte en centro intervenido en Yaruquí
En la parroquia rural de Yaruquí, las autoridades clausuraron otro centro de rehabilitación tras una alerta por la presencia de una persona sin signos vitales en el interior del establecimiento.
Las causas del fallecimiento están siendo investigadas por las autoridades competentes.
Durante el control se verificó que 17 personas permanecían internadas, entre ellas tres menores de edad, dos adultos mayores, una persona con afecciones de salud mental y una mujer.
Internos encerrados con candados y presuntos castigos
En Pifo, otro operativo permitió intervenir un centro donde se halló a 40 personas internadas, de las cuales siete eran menores de edad.
Según la AMC, varios internos permanecían encerrados en un galpón con cadenas y candados en las puertas. En el lugar también se encontraron esposas, cinco pistolas eléctricas, un arma blanca y cigarrillos de contrabando.
Mario Puente, líder zonal de la AMC en Tumbaco, indicó que en estos sitios se evidencian presuntos maltratos físicos, hacinamiento, insalubridad y afectaciones psicológicas, condiciones que agravan la situación de personas que requieren tratamiento especializado.
Multas para los responsables
De acuerdo con el Código Municipal, los responsables de centros de rehabilitación que operen sin permisos pueden enfrentar multas de hasta ocho salarios básicos unificados, es decir hasta USD 3.856.
Las autoridades señalaron que continuarán los controles para evitar el funcionamiento de centros clandestinos que ponen en riesgo la salud y los derechos de las personas internadas.