La desaparición del adulto mayor Galo Javier Pérez Baca, de 77 años, terminó convirtiéndose en un caso de presunto asesinato que ahora es investigado por la Fiscalía General del Estado. La principal línea investigativa apunta hacia la empleada doméstica del adulto mayor y su esposo, quienes ya enfrentan cargos y permanecen en prisión preventiva.
La Unidad Judicial Penal con sede en Carcelén instaló la audiencia de formulación de cargos en la que la Fiscalía imputó a Jacqueline Estefanía F. M, y Martín Fernando C. P. por el presunto delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte, contemplado en el artículo 163 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La desaparición del adulto mayor
El caso se originó tras la denuncia presentada por el hijo de la víctima, quien reportó la desaparición de su padre el 6 de marzo de 2026.
Según relató ante la Fiscalía, la noche anterior escuchó a su padre mantener una conversación telefónica con una mujer cuya voz le resultó familiar. De acuerdo con su testimonio, la voz sería similar a la de Jacqueline F., quien trabajaba realizando labores de limpieza en el domicilio familiar aproximadamente cada 15 días.
Durante la llamada —según el denunciante— ambos habrían acordado encontrarse en el sector de Calacalí, en el noroccidente de Quito.
Al día siguiente, alrededor de las 07:37, las cámaras de seguridad del domicilio registraron la salida de Galo Pérez en su vehículo.
Horas más tarde, su hijo verificó la ubicación del dispositivo de rastreo instalado en el automóvil y observó que el vehículo se dirigía por la vía Calacalí – La Independencia. Posteriormente, el sistema dejó de actualizar la ubicación, lo que encendió las alertas de la familia.
Cuando el adulto mayor no respondió llamadas durante la tarde y la noche, sus familiares iniciaron la búsqueda y posteriormente denunciaron la desaparición ante las autoridades.
Las cámaras de seguridad
Durante las primeras diligencias, la Policía y la Fiscalía revisaron varias cámaras de videovigilancia ubicadas en la vía Quito–La Independencia.
En las grabaciones de una gasolinera, se observó el vehículo y sus placas, propiedad de la víctima, circulando por esa vía alrededor de las 08:17 del 6 de marzo.
Otras cámaras captaron el mismo vehículo minutos después, avanzando hacia el sector de Nanegalito.
En las imágenes, los investigadores identificaron que dentro del vehículo aparentemente viajaban dos personas:
- El conductor, con una chompa azul con cordones blancos.
- Un copiloto con chompa verde y mascarilla blanca, que sería una mujer.
Posteriormente, otra cámara ubicada en una tienda del sector de Calacalí registró el momento en que el vehículo se detuvo y una mujer descendió del asiento del copiloto e ingresó al local.
Las grabaciones permitieron observar con mayor claridad la vestimenta y características de esta persona.
La declaración de un taxista
Otro elemento relevante en la investigación fue el testimonio de un taxista del sector de Calacalí.
El conductor relató a los agentes de la DINASED que la mañana del 6 de marzo, aproximadamente a las 08:35, una pareja joven —un hombre y una mujer— solicitó una carrera desde una parada de buses hacia el peaje de Calacalí.
Posteriormente le pidieron continuar hasta la entrada a Nono, donde descendieron del vehículo.
El testigo recordó que la mujer vestía una chompa verde con capucha, descripción que coincide con la persona observada en los videos de seguridad.
Además, durante el trayecto la mujer habría hablado por teléfono y dijo que “ya estaba llegando y que la esperen”.
Análisis telefónico
La Fiscalía también presentó un informe de análisis telefónico realizado por investigadores policiales.
Según el reporte, los teléfonos vinculados a Jacqueline F., Martín C. y la víctima registraron interacción y coincidencia de ubicación en el sector de Calacalí entre las 08:37 y las 09:53 del 6 de marzo.
Para los investigadores, este elemento refuerza la hipótesis de que los sospechosos habrían estado en el mismo lugar y momento que el adulto mayor.
El hallazgo del cuerpo
Días después de la desaparición, las autoridades localizaron el cuerpo de Galo Pérez.
El informe médico legal reveló que la víctima presentaba 29 heridas cortopunzantes, además de lesiones graves en órganos vitales como los pulmones, el hígado y la aorta.
Los peritos determinaron que la causa de muerte fue una hemorragia interna severa producto de múltiples heridas penetrantes, y calificaron el hecho como muerte violenta.
Prisión preventiva
Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía, el juez consideró que existen indicios claros de la posible participación de los procesados.
En su resolución, dispuso prisión preventiva para Jacqueline F. y Martín C., al considerar que existe riesgo de fuga y que la gravedad del delito —que contempla penas de 22 a 26 años de prisión— justifica la medida cautelar.
Además, el magistrado ordenó el inicio de una instrucción fiscal de 90 días, periodo en el que la Fiscalía continuará recabando pruebas para esclarecer el crimen.
Mientras tanto, el caso de la desaparición y muerte de Galo Pérez sigue bajo investigación.