El presidente Daniel Noboa dispuso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emita alertas y reportes de riesgo sobre personas o empresas que participen en procesos de contratación pública del Estado.
La medida fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 328, firmado el 12 de marzo de 2026 en Guayaquil, con el objetivo de fortalecer los controles frente a posibles vínculos con corrupción, financiamiento ilícito o crimen organizado.
Inteligencia analizará a oferentes y contratistas
Según el decreto, el CNI deberá emitir alertas y reportes de riesgo al Presidente de la República respecto de personas naturales o jurídicas que participen en procesos de contratación pública.
Esto incluye a:
- oferentes
- contratistas
- subcontratistas
- accionistas
- beneficiarios finales de empresas
Las alertas deberán basarse en análisis técnicos de riesgo para la seguridad del Estado, incluyendo posibles vínculos con estructuras criminales, redes de corrupción, financiamiento ilícito o injerencia extranjera.
Ministerios deberán enviar información antes de adjudicar contratos
El decreto también establece que los ministerios y entidades de la Función Ejecutiva deberán enviar al CNI información sobre los participantes en procesos de contratación, antes de que se realice la adjudicación.
Entre los datos que deberán remitirse están:
- listado completo de participantes
- estructura societaria de las empresas
- beneficiarios finales
- información adicional necesaria para el análisis de riesgos
El objetivo es que el organismo de inteligencia pueda evaluar posibles amenazas antes de que se concrete un contrato público.
ECU 911 y Migración se integran al sistema de inteligencia
El decreto también dispone que el ECU 911 entregue datos de geolocalización y georreferenciación cuando sean requeridos por el CNI para la producción de inteligencia y prevención de amenazas a la seguridad del Estado.
Además, se incorpora la Dirección de Control Migratorio del Ministerio del Interior como subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia.
Medida entra en vigencia de inmediato
El decreto establece que la medida entra en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.