La Fiscalía General del Estado informó que una jueza de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia de Quito fue llamada a juicio por el presunto delito de concusión dentro del denominado caso “Mueble Fino”.
Se trata de Nubia Yineth Vera, quien fue procesada tras la presentación de más de 55 elementos de convicción por parte de la Fiscalía durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
El auto de llamamiento a juicio fue emitido por un juez especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
Presuntos pedidos a cambio de un fallo
Según la investigación fiscal, la funcionaria habría aprovechado su cargo para exigir beneficios al ciudadano que tramitaba en su despacho una demanda de tenencia de su hijo.
Entre las supuestas exigencias estaba la entrega de muebles fabricados por el denunciante, quien se dedica a ese oficio.
De acuerdo con la versión presentada por la Fiscalía, la jueza habría solicitado un aparador y un juego de sala a cambio de favorecerlo en el proceso judicial relacionado con la custodia del menor.
Invitaciones a restaurantes
La investigación también recoge encuentros que se habrían realizado fuera de la unidad judicial.
Según el denunciante, el 6 de febrero de 2024 fue invitado por la jueza a almorzar en un restaurante de un hotel ubicado en el norte de Quito para conversar sobre el proceso de tenencia.
El consumo, que ascendió a 124 dólares, fue pagado por el denunciante.
Posteriormente, el 15 de marzo de 2024, se habría producido una segunda reunión en otro restaurante, en la que también estuvo presente la hija de la jueza. En esa ocasión la cuenta alcanzó 70 dólares, también asumidos por la víctima.
Estos gastos habrían sido confirmados mediante movimientos bancarios de la tarjeta de crédito del denunciante.
Entrega de muebles y registros en video
Según la Fiscalía, el 23 de marzo de 2024 el denunciante entregó los muebles solicitados en el domicilio de la jueza.
Ese momento habría quedado registrado en un video grabado con el teléfono celular del denunciante, equipo que posteriormente fue sometido a pericias.
Además, durante la audiencia se mencionó la existencia de transferencias bancarias realizadas por el denunciante a cuentas de terceras personas, presuntamente para cumplir con las exigencias de la funcionaria.
Conversaciones y supuestas presiones
Entre los elementos presentados por la Fiscalía también constan mensajes intercambiados por aplicaciones de mensajería, en los que —según la investigación— la jueza habría ejercido presiones relacionadas con la resolución del proceso de tenencia.
De acuerdo con el expediente, estas exigencias se habrían producido mientras la audiencia única para resolver el caso era diferida en varias ocasiones.
En uno de esos aplazamientos se habría alegado una supuesta enfermedad de la funcionaria; sin embargo, según Fiscalía, en el Consejo de la Judicatura no se encontró registro de licencia o permiso médico.
Delito investigado
El caso se procesa con base en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de concusión.
Este delito se configura cuando un funcionario público exige beneficios indebidos aprovechándose de su cargo.
La normativa establece una pena de tres a cinco años de prisión para quienes sean encontrados culpables.