En Ecuador, los adultos mayores que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas pueden exigir legalmente una pensión alimenticia a sus familiares, según lo establece la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores.
Esta normativa busca garantizar protección económica a personas de la tercera edad que carecen de ingresos o no pueden valerse por sí mismas, ya sea por problemas de salud o por limitaciones físicas o mentales.
El proceso funciona de manera similar al sistema de pensiones alimenticias para menores de edad y es resuelto por un juez especializado en materia de familia.
Un derecho establecido por la ley
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, las personas de la tercera edad que no tienen medios para subsistir pueden reclamar una pensión alimenticia a sus familiares.
Este derecho aplica cuando el adulto mayor:
- No tiene ingresos suficientes para cubrir su alimentación, salud o vivienda
- No puede trabajar debido a su estado físico o mental
- Carece de apoyo económico para su subsistencia
La normativa establece que esta protección no es voluntaria, sino una responsabilidad legal destinada a garantizar condiciones dignas de vida.
¿Quiénes están obligados a pagar esta pensión?
La ley también determina qué familiares deben asumir esta responsabilidad económica.
Según el artículo 28 de la normativa, el orden de obligación es el siguiente:
- El cónyuge o pareja en unión de hecho
- Los hijos
- Los nietos (hasta el segundo grado de consanguinidad)
- Los hermanos
En caso de que existan varios familiares dentro del mismo grado de parentesco, la ley establece que todos deben ser incluidos en la demanda para compartir la obligación económica.
¿Cómo se calcula el monto de la pensión?
El valor de la pensión alimenticia no es igual para todos los casos. El monto es determinado por un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, quien analiza varios factores antes de fijar la cantidad.
Entre los elementos que se consideran están:
- Los ingresos de la persona obligada a pagar
- Las necesidades del adulto mayor
- El número de familiares responsables
- Las cargas familiares que tenga el demandado
Para determinar el valor, los jueces utilizan las tablas oficiales del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), similares a las que se aplican en los procesos de pensión alimenticia para menores.
¿Qué pasa si el familiar gana el salario básico?
Cuando la persona obligada a pagar percibe el salario básico unificado, el monto de la pensión suele fijarse como un porcentaje de sus ingresos, tomando en cuenta su situación económica y otras responsabilidades familiares.
Esto significa que el juez evaluará cada caso de manera individual, buscando un equilibrio entre las necesidades del adulto mayor y la capacidad económica del familiar.
¿Cuánto se paga si el familiar gana el salario básico?
El monto de la pensión alimenticia no es fijo y depende de los ingresos de la persona obligada a pagarla.
Si el familiar percibe el Salario Básico Unificado (SBU), el cálculo se realiza aplicando porcentajes establecidos en las tablas oficiales utilizadas por los jueces de familia.
En ese escenario, los valores referenciales se distribuyen de la siguiente manera:
- Para un adulto mayor: el aporte puede ubicarse aproximadamente entre 135 y 168 dólares, lo que representa alrededor del 24 % del ingreso.
- Para dos adultos mayores: el monto aumenta y puede situarse entre 169 y 210 dólares, equivalente a cerca del 35 % del salario.
El juez determina el valor final considerando la situación económica del demandado y las necesidades del adulto mayor.
Pagos adicionales en casos de discapacidad
La normativa también contempla rubros adicionales cuando el adulto mayor requiere rehabilitación o ayudas técnicas por discapacidad.
En estos casos se pueden aplicar porcentajes extra sobre el salario básico, dependiendo del grado de discapacidad:
- Discapacidad moderada: alrededor del 4,5 % adicional
- Discapacidad grave: cerca del 5,17 %
- Discapacidad muy grave: aproximadamente 6,56 %
Estos valores buscan cubrir gastos adicionales relacionados con tratamientos, cuidados especiales o asistencia médica.
Un mecanismo para evitar el abandono de adultos mayores
El objetivo de esta normativa es prevenir situaciones de abandono o vulnerabilidad económica en personas de la tercera edad.
La ley reconoce que muchas familias dependen del apoyo mutuo y establece que los parientes tienen la responsabilidad de contribuir al bienestar de los adultos mayores cuando estos no pueden sostenerse por sí mismos.
En estos casos, el adulto mayor o su representante puede presentar una demanda ante un juez de familia, quien evaluará la situación y determinará el monto correspondiente.