El Ministerio de Trabajo activó una inspección tras recibir una denuncia anónima sobre una presunta obligación a funcionarios públicos para asistir a marchas con fines políticos en instituciones de Quito.
Así lo informó en su cuenta de X el ministro de Trabajo, Harold Burbano, quien señaló que la revisión se realizó en la Prefectura de Pichincha y el Municipio de Quito.
Según explicó la autoridad, la inspección permitió verificar indicios de que servidores públicos habrían sido obligados a participar en movilizaciones políticas, una práctica que calificó como inaceptable.
“Se comprobó que se obligó a funcionarios a asistir a marchas con fines políticos; esto es inaceptable”, indicó Burbano.
Incidente durante la inspección
Durante el procedimiento, el ministro aseguró que se registró un incidente con una funcionaria de la Prefectura.
De acuerdo con la denuncia, la servidora pública habría roto registros públicos y agredido a un inspector del Ministerio de Trabajo durante el proceso de control.
Burbano afirmó que su cartera de Estado no permitirá actos de violencia ni falta de respeto hacia los organismos de control.
“Jamás vamos a normalizar la violencia ni el irrespeto a los órganos de control”, señaló.
Caso fue remitido a Contraloría y Fiscalía
El informe elaborado tras la inspección ya fue enviado a la Contraloría General del Estado, entidad que deberá analizar posibles responsabilidades administrativas.
Además, los hechos también fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, para que se investigue si existen responsabilidades de carácter penal.
El ministro de Trabajo sostuvo que ninguna institución pública puede utilizar su autonomía para vulnerar derechos o incumplir la ley.
“Nadie utilizará la autonomía para vulnerar derechos ni violar la ley”, afirmó.
Investigación sigue en curso
Las autoridades indicaron que el proceso de investigación continuará para determinar qué funcionarios estarían involucrados y si existieron presiones políticas dentro de las instituciones señaladas.
El caso podría derivar en sanciones administrativas o procesos judiciales, dependiendo de los resultados de las investigaciones que lleven adelante la Contraloría y la Fiscalía.