Lo que empezó como un supuesto favor terminó en un secuestro, una exigencia de USD 200.000 y un crimen que hoy es investigado como parte de una estructura criminal que operaba en el sur de Quito.
Anthony Guilberth Jaya Coloma, de 24 años, estudiante de séptimo semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Central del Ecuador, fue raptado la noche del 7 de enero de 2026 en la avenida Colón, en el norte de Quito. Su familia, actualmente fuera del país por temor a represalias, decidió hacer pública la reconstrucción de los hechos.
La llamada
Según el testimonio de sus familiares, alrededor de las 17:00 del 7 de enero, Anthony recibió una llamada de un sujeto, a quien conocía desde hacía menos de un mes tras coincidir en un concierto. De acuerdo con la familia, le pidió dinero argumentando que atravesaba un problema urgente.
Anthony respondió que no tenía efectivo disponible, pero decidió romper sus alcancías para ayudarlo. Reunió aproximadamente USD 480 y volvió a comunicarse. La instrucción, según el relato familiar, fue que entregara el dinero en un restaurante ubicado en la Colón.
Inicialmente Anthony dijo que iría en taxi, pero —siempre según la versión de sus allegados— el hombre insistió en que acudiera en su motocicleta, el vehículo que utilizaba para movilizarse a la universidad.
Antes de salir de casa, Anthony dijo que regresaría pronto para salir a comer.
No volvió, y el hombre, de acuerdo a la versión de sus familiares, habría sido detenido por la Policía porque habría intentando llevarse la moto a la fuerza.
El video y la exigencia
Al notar que no respondía llamadas ni mensajes, sus familiares intentaron pedir ayuda. Afirma que contactó a la Policía y le indicaron que debía esperar entre 24 y 72 horas para formalizar una denuncia por desaparición, cuando la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas Desaparecidas y Extraviadas, señala que ya no es necesario esperar ese tiempo.
A las 03:15 de la madrugada recibieron un video desde el WhatsApp de Anthony. En las imágenes —según su relato— se observaba al joven rodeado por al menos ocho hombres armados, quienes lo apuntaban con armas de fuego. En el video, Anthony pedía ayuda y se exigía el pago de USD 200.000 por su liberación en un plazo de dos horas.
La familia acudió a la Dinased y luego a la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase). A través del rastreo de ubicaciones —con apoyo de un experto informático de confianza— lograron identificar tres posibles puntos: un local de tatuajes, una vivienda de dos pisos en el sur de Quito y otra ubicación en Ponciano.
Según la familia, al informar estas coordenadas, las autoridades les indicaron que al tratarse de tres ubicaciones distintas no se podía intervenir sin un punto fijo.
Horas después recibieron un número de cuenta bancario, que, según la información entregada, pertenecería a una mujer.
Uso de tarjetas y cámaras
Paralelamente, mediante seguimiento con el ECU 911, la familia identificó movimientos bancarios con las tarjetas de crédito y débito de Anthony. Se registraron adelantos en efectivo y compras en línea.
En cámaras de seguridad, según relatan, se observaría a varias personas realizando consumos. Entre los investigados estarían: una persona de nacionalidad extranjera y otras seis personas, con sus respectivos alias, incluyendo quien le citó al joven; todos serían presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada “Los Lobos”.
La conexión con el caso judicial
El caso tomó un nuevo giro cuando la Fiscalía procesó a un adolescente de 17 años por robo con resultado de muerte en un hecho ocurrido días después en el mismo sector de Guamaní.
Según información expuesta en audiencia, el menor estaría vinculado a un grupo delictivo denominado “Los Lobos”. La familia de Anthony asegura que este adolescente aparecería en videos relacionados con el secuestro y evidencia donde —según lo que les fue informado— se planificó el crimen.
El 12 de enero, en Guamaní, durante un operativo policial, fue hallada una camioneta robada que contenía una extremidad humana y panfletos firmados por “Los Lobos”. De acuerdo con la familia, los restos de Anthony fueron reconocidos mediante huellas dactilares.
Sostienen que el desmembramiento habría sido utilizado como presión para forzar el pago del rescate:
“Queremos que se limpie su nombre, en los panfletos que dejaron decía que ‘estaba prohibido robar en la capital’ lo cual es una mentira. Mi familiar no era ladrón, se debe limpiar su honor. Lo hicieron por distorsionar información”, expresaron y aclararon sus familiares.
Quién era Anthony
Anthony Jaya no tenía antecedentes penales ni, según sus allegados, conflictos previos. Era deportista de Wushu y MMA, con campeonatos nacionales en Cuenca y Ambato. Fue reconocido con mención honorífica por su desempeño académico.
Su tesis, cuentan sus familiares, buscaba abordar una idea que repetía con convicción: “No romantizar la pobreza”.
Originarios de Lago Agrio, la familia vivió en Riobamba antes de trasladarse a Quito.
Hoy, fuera del país por seguridad, dicen temer represalias. Sin embargo, aseguran que su búsqueda de justicia es más fuerte que el miedo.
El caso continúa en investigación. Mientras tanto, la reconstrucción de aquella noche del 7 de enero revela un patrón que las autoridades atribuyen al crimen organizado: engaño, secuestro, extorsión y violencia extrema en plena capital.
La familia espera que las diligencias pendientes permitan esclarecer completamente responsabilidades y que la muerte de Anthony no quede en la impunidad.