Cristian Josué M. D., de 19 años, fue procesado por el presunto delito de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes (NNA). El juez dispuso prisión preventiva y abrió una instrucción fiscal de 90 días para continuar con las investigaciones.
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti 7) formuló cargos la noche del 26 de febrero de 2026, tras su detención en un operativo ejecutado en el sector de La Argelia, al sur de Quito.
La investigación se originó en reportes internacionales
El caso se remonta a julio de 2025, cuando la Fiscalía inició una investigación previa a partir de varios reportes CyberTip emitidos por el sistema CyberTipline, plataforma internacional de denuncias sobre explotación sexual en línea administrada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), con información proporcionada por las empresas Google y WhatsApp.
Según la investigación, un usuario ubicado en territorio digital ecuatoriano habría utilizado servicios como Google Photos, Google Drive y WhatsApp para subir, almacenar y transmitir material de abuso sexual infantil (MASI).
Identificación del sospechoso
Del análisis técnico digital se determinó que el usuario operaba bajo el seudónimo “Darling.deviluke”. Mediante técnicas investigativas OSINT —empleadas para el análisis de grandes volúmenes de datos— y el cruce de información con bases institucionales, se logró establecer la identidad del presunto responsable.
Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía consta una pericia practicada a cerca de veinte archivos multimedia (fotografías y videos) catalogados como MASI, así como el informe del analista del caso que vincula el correo electrónico investigado con un número telefónico y contratos con proveedores de Internet.
Además, durante el allanamiento ejecutado la madrugada del 26 de febrero, se levantó un teléfono celular que habría sido utilizado para acceder al material investigado.
Cooperación internacional
El operativo se ejecutó bajo la dirección jurídica de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de organismos internacionales como Our Rescue y en coordinación con la Unidad Nacional de Ciberdelitos y grupos tácticos de la Policía Nacional.
El caso se procesa conforme al artículo 103, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).