El Tribunal de Garantías Penales que conoció el caso condenó a Danny Andrés A. M. a diecisiete años y cuatro meses de prisión, pena máxima agravada, por el homicidio de un padre y su hijo ocurrido en el centro de Quito.
La Fiscalía General del Estado demostró su responsabilidad como autor directo del delito. Además de la pena privativa de libertad, el fallo incluye el pago de una multa equivalente a sesenta salarios básicos unificados y una reparación integral de 10.000 dólares a favor de las víctimas indirectas.
El crimen ocurrió en 2015
Los hechos se remontan al 1 de noviembre de 2015, cuando las víctimas se encontraban en una parada del Trolebús en el centro de la capital.
Según la investigación, el sentenciado ingresó al lugar portando un arma de fuego y disparó contra ambos, provocando su muerte en el sitio.
Tras las primeras diligencias, Fiscalía reunió indicios que permitieron formular cargos en 2017. Sin embargo, el procesado permaneció prófugo durante varios años, hasta que fue capturado en 2025.
Las pruebas presentadas en juicio
Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal sustentó la acusación con:
- Testimonios de testigos presenciales
- Acta de levantamiento de los cadáveres
- Informes de autopsia médico-legal, que determinaron que ambas víctimas fallecieron por heridas de arma de fuego
- Informe de reconocimiento del lugar de los hechos
Inspección ocular técnica
Con base en estos elementos, el Tribunal dictó sentencia condenatoria.
¿Por qué se aplicó la pena máxima agravada?
El delito de homicidio está tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena de diez a trece años de prisión.
No obstante, en este caso se aplicó la circunstancia agravante establecida en el artículo 47, numeral 14, del mismo cuerpo legal, que se configura cuando la infracción afecta a varias víctimas.
Al tratarse de un doble homicidio, el Tribunal impuso la pena máxima con agravantes: 17 años y 4 meses de privación de libertad.
El caso cierra un proceso judicial que se extendió por más de una década desde la comisión del crimen.