Un exfuncionario del Registro Civil de Zamora fue sentenciado a diez años de privación de libertad por el delito de peculado, tras comprobarse que se apropió de dinero correspondiente a la emisión de pasaportes.
La Fiscalía General del Estado demostró que John Paúl G. R., quien se desempeñaba como Operador de Servicios para Emisión de Pasaportes, cometió el delito entre febrero de 2018 y febrero de 2019.
Cómo operaba
Según la acusación fiscal, el procesado cobraba directamente a los usuarios por la emisión de pasaportes, pero el dinero no era ingresado al sistema oficial de recaudación del Registro Civil.
El informe del supervisor de Auditoría de la Contraloría General del Estado confirmó ante el Tribunal que el acusado manipuló el sistema de pago de especies y utilizó incluso las claves de dos compañeras para emitir documentos mientras ellas se encontraban de vacaciones.
De acuerdo con la auditoría, durante ese periodo se emitieron 316 pasaportes cuyos valores no fueron registrados en el sistema institucional, lo que generó un perjuicio económico al Estado de 21.120 dólares.
Cada pasaporte ordinario tenía un costo de 70 dólares, mientras que para personas de la tercera edad y con discapacidad el valor era reducido en un 50 %.
Pruebas presentadas en juicio
Fiscalía sustentó su acusación con:
- Informe de auditoría de la Contraloría.
- Pericia contable que confirmó la diferencia entre pasaportes emitidos y valores ingresados al sistema.
- Testimonios de exfuncionarios y exdirectivos del Registro Civil.
La excoordinadora técnica de la institución declaró que, al ser descubierto, el acusado reconoció haber incurrido en actos de corrupción y ofreció disculpas, pero posteriormente dejó de presentarse a trabajar.
Además, un agente de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) informó que, por orden judicial, se emitió una notificación roja para su localización y captura.
Sanciones adicionales
Además de la pena de diez años de prisión, el Tribunal dispuso el pago de una multa equivalente al monto del perjuicio económico (21.120 dólares) y la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida.
Base legal
La sentencia se dictó con base en el artículo 278, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Con este fallo, el Tribunal estableció la responsabilidad penal del exfuncionario por el uso indebido de recursos públicos.