El sacerdote Fernando Luis Gómez abandonó la provincia de Corrientes, en Argentina, por recomendación de sus superiores, luego del escándalo generado por haber celebrado el matrimonio religioso de una pareja trans en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, el pasado 28 de enero.
El caso generó cuestionamientos de algunos feligreses, quienes presentaron quejas ante el Arzobispado de Corrientes. Desde la parroquia informaron que “fray Fernando estará fuera de Corrientes hasta fin de mes” y señalaron que desconocen si el arzobispo José Alfredo Larregain inició un expediente formal en su contra.
Gómez, sacerdote correntino perteneciente a la orden de los Frailes Menores, asumió hace tres años la conducción de la parroquia tras regresar desde Gobernador Gálvez, Santa Fe, donde prestaba servicio pastoral.
Arzobispado responsabiliza al sacerdote
A través de un comunicado oficial, el Arzobispado atribuyó al sacerdote la responsabilidad del enlace entre Solange Ayala (33) e Isaías Díaz Núñez (26), y lo acusó de no haber elevado la documentación correspondiente para iniciar formalmente el trámite matrimonial ante la autoridad eclesiástica.
El arzobispo Larregain recordó que el matrimonio religioso “requiere el cumplimiento de determinadas condiciones esenciales para su validez y licitud, tal como lo establece el Derecho Canónico”, y advirtió que la omisión de estos requisitos “puede generar confusión en la comunidad de los fieles”.
Posteriormente, el Arzobispado informó que actuará “de oficio conforme al Derecho Canónico”, lo que derivó en la anulación de la boda religiosa.
La postura del sacerdote y la pareja
Por su parte, Gómez también emitió un comunicado en el que sostuvo que la pareja cumplió con los requisitos establecidos y anunció que se reforzarán los procedimientos de entrevista y verificación “para resguardar la santidad de los sacramentos y evitar confusión”.
Solange e Isaías mantienen una relación desde hace más de cinco años y en diciembre iniciaron los trámites para contraer matrimonio religioso. Ambos realizaron previamente el cambio registral de nombre y género conforme a la Ley de Identidad de Género.
Ayala indicó que eligieron esa parroquia porque les habían informado que era “abierta a la comunidad”. Según relató, el sacerdote les aseguró que, desde una perspectiva biológica, podían recibir el sacramento del matrimonio.
El caso abrió un debate dentro de la comunidad eclesiástica local sobre la aplicación del Derecho Canónico y el alcance de la normativa religiosa frente a las disposiciones civiles vigentes.