La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Ariel Alexander F. S. y Kevin Alberto M. A., este último policía en servicio activo, por el presunto delito de asesinato de un conductor ocurrido la madrugada del 17 de febrero en la vía Daule–Santa Lucía, en la provincia del Guayas.
El crimen se registró luego de que la víctima asistiera a las festividades de Carnaval en la parroquia Laurel. Según el parte policial, tras retirarse en su vehículo, el ECU 9-1-1 recibió una alerta a las 02:00 reportando el hallazgo de una persona sin vida con impactos de bala dentro de un automotor.
Aprehensión tras persecución
Durante las primeras diligencias, moradores del sector informaron que los presuntos responsables se movilizaban en motocicleta y portaban armas de fuego. Minutos después, una motocicleta con dos ocupantes pasó a alta velocidad por el lugar y uno de los habitantes los señaló como posibles autores.
Con esa información, agentes policiales ejecutaron un operativo que culminó en el recinto El Prado, en la vía Santa Lucía–Daule, donde fueron aprehendidos los sospechosos. En su poder se encontraron dos armas de fuego, municiones y documentos de identificación.
Uno de los detenidos se identificó como servidor policial en funciones en la Unidad Cuartel Modelo de Guayaquil.
Prisión preventiva y medidas de protección
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del caso presentó como elementos de convicción el parte informativo, versiones de los agentes intervinientes, acta de levantamiento del cadáver, protocolo de autopsia, denuncia de un familiar de la víctima, testimonios y las evidencias balísticas ingresadas en cadena de custodia.
La jueza de Garantías Penales acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para ambos procesados. Además, dispuso medidas de protección a favor de los familiares de la víctima, entre ellas la prohibición de actos de persecución o intimidación y la emisión de boleta de auxilio.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días.
Investigación balística en curso
Como parte de las diligencias, Fiscalía solicitó al Laboratorio de Criminalística pruebas de aptitud de disparo y el ingreso de los indicios al sistema IBIS, con el objetivo de determinar si las armas incautadas habrían sido utilizadas en otros hechos delictivos.
El delito es investigado bajo el artículo 140, numeral 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el asesinato con pena privativa de libertad de 26 a 30 años.