La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), actualmente en trámite en la Asamblea Nacional, ha provocado reacciones en varios municipios y prefecturas del país. La propuesta, enviada por el presidente Daniel Noboa con el carácter de urgente en materia económica, busca modificar el uso de los presupuestos locales y fortalecer los procesos de expropiación especial de asentamientos humanos consolidados.
¿Qué plantea la reforma?
El texto establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto anual a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, mientras que el 30 % restante podrá ser usado para gasto corriente, incluyendo el pago de sueldos y remuneraciones.
Además, la iniciativa incorpora mecanismos de transparencia, como la obligación de que los GAD publiquen trimestralmente la composición de su gasto por ítems y los avances en el cumplimiento de la regla fiscal.
El Ministerio de Finanzas, a su vez, deberá elaborar y remitir informes de seguimiento a todos los gobiernos locales.
Expropiación y regularización de asentamientos humanos
El proyecto también incluye una reforma al artículo 596 del COOTAD, con el objetivo de fortalecer el régimen de expropiación especial para los asentamientos humanos de hecho y consolidados.
Críticas y preocupaciones de los municipios
La propuesta del Ejecutivo ha sido cuestionada por varios alcaldes y prefectos, que consideran que la medida limita la autonomía y pondría en riesgo la continuidad de programas sociales y educativos.
El Municipio de Quito advirtió que una reducción en el presupuesto de gasto corriente podría afectar la entrega de capital semilla a emprendedores, la atención a más de 265.000 personas en situación de vulnerabilidad, y los 42 servicios directos y 92 convenios sociales que ejecuta el Patronato Municipal San José.
Además, el alcalde Pabel Muñoz alertó que programas emblemáticos como “60 y Piquito”, los comedores comunitarios, los servicios de salud mental y los centros Quito Wawas podrían quedar sin financiamiento.
“Tenemos más de 600 puntos de atención para adultos mayores; alrededor de 70.000 personas perderían esos beneficios”, expresó Muñoz en una entrevista radial.
Impacto en educación y obras públicas, según el Municipio de Quito
En el ámbito educativo, el cabildo capitalino advirtió que la reforma podría provocar el recorte de más de 1.400 docentes municipales, cierre de escuelas y reducción de programas de atención psicológica, médica y odontológica.
“Debe ser archivada”
Muñoz insistió en que el proyecto viola el principio de generalidad de la ley, ya que “no puede aplicarse de manera igualitaria a todas las jurisdicciones” y que afecta la autonomía financiera de los gobiernos locales, garantizada en la Constitución.
“Los municipios y prefecturas administran recursos provenientes de sus ciudadanos, y tenemos la facultad de decidir su uso. Nadie puede interferir en nuestra autonomía”, afirmó.
Además, recordó que el 70/30 ya está contemplado para los recursos provenientes del Gobierno Central, pero no para los ingresos propios de los GAD.
Próximo paso
El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el 20 de febrero de 2026 en la Universidad Ecotec (Guayas) para conocer y votar el proyecto en segundo debate.