Un Juzgado en lo Civil y Comercial en Argentina rechazó una demanda por presunta negligencia profesional presentada contra una abogada en el marco de un trámite jubilatorio.
El caso se originó luego de que un hombre reclamara más de 500.000 pesos (USD 358.37 dólares) por daños y perjuicios, tras el rechazo de su solicitud de jubilación ordinaria. El demandante sostuvo que su abogada habría iniciado una acción judicial sin verificar que cumplía con los requisitos legales para acceder al beneficio previsional.
El conflicto previsional
El hombre había gestionado previamente el reconocimiento de aportes ante el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En 2015 inició el reclamo judicial por jubilación, pero la demanda fue rechazada en primera instancia al comprobarse que no alcanzaba los 35 años de aportes exigidos por la normativa.
Posteriormente, en 2019, presentó una demanda civil contra su abogada, argumentando que ella debía haber advertido la falta de años de servicio suficientes y evitar así un proceso judicial que calificó como innecesario.
La defensa de la profesional
La abogada sostuvo que su actuación se basó en resoluciones administrativas aportadas por el propio cliente, entre ellas una emitida por la ANSES en 2001 que reconocía determinados períodos de aportes.
Explicó que, conforme a esa documentación oficial, el demandante contaba con más de 26 años reconocidos y que le sugirió la compra de períodos adicionales para intentar completar los años requeridos.
También afirmó que nunca tuvo indicios de que existiera un error en los años reconocidos y que el cliente no cuestionó formalmente esas resoluciones administrativas.
Obligación de medios, no de resultados
En su sentencia, el juez recordó que la relación entre abogado y cliente implica, en principio, una obligación de medios y no de resultados. Es decir, el profesional debe actuar con diligencia y pericia, pero no garantiza el éxito del proceso judicial.
El magistrado analizó si existió negligencia y concluyó que no se acreditó un accionar reñido con la buena práctica profesional ni un nexo causal directo entre la actuación de la abogada y el perjuicio alegado.
El fallo destacó que la profesional sumó los períodos oficialmente reconocidos y sugirió alternativas legales dentro del marco normativo vigente.
Decisión judicial
Finalmente, la demanda fue rechazada y se dispuso que las costas del proceso sean asumidas por el demandante. La regulación de honorarios quedó diferida para una instancia posterior.
La sentencia pone de relieve la importancia de la documentación previsional y delimita el alcance de la responsabilidad civil de los abogados en este tipo de trámites.