En Ecuador, la violencia de género y los delitos contra la vida no solo dejan vacíos irreparables en las familias, sino que sitúan a los menores de edad en una posición de vulnerabilidad extrema.
Ante esta realidad, el Estado ha consolidado el Bono de Orfandad, un mecanismo de protección económica diseñado para mitigar el impacto del desamparo tras la pérdida de la figura materna.
Esta transferencia monetaria mensual, gestionada por el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), busca garantizar que la alimentación, educación y salud de los huérfanos no se vean interrumpidas por la tragedia.
¿Qué es el Bono de Orfandad y quiénes pueden recibirlo?
Este subsidio no es simplemente un apoyo económico; es un reconocimiento de la corresponsabilidad estatal en la protección de los derechos de la infancia.
Desde su creación en 2019, la política pública ha pasado de ser una respuesta burocrática a una asistencia inmediata que prioriza el bienestar integral de niños y adolescentes.
A diferencia de otros beneficios sociales, el monto del Bono de Orfandad es proporcional a la carga familiar. El cálculo se realiza con base en el Salario Básico Unificado (SBU) y la tabla de pensiones alimenticias vigente. Para este año, los valores establecidos se distribuyen de la siguiente manera:
- Un solo beneficiario: USD 135.65 mensuales.
- Dos beneficiarios en el mismo hogar: USD 198.40 mensuales.
- Tres o más beneficiarios: USD 249.46 mensuales.
Este recurso actúa como un pilar de estabilidad para los abuelos, tíos o tutores que asumen la crianza de los menores, permitiendo que mantengan una calidad de vida digna.
Delitos amparados: Más allá del femicidio
Originalmente, esta ayuda estaba limitada exclusivamente a casos de femicidio. Sin embargo, tras una reforma clave en 2022, el abanico de cobertura se amplió para incluir otros tipos penales atroces:
- Asesinato.
- Homicidio.
- Violación con resultado de muerte.
Un avance fundamental en la gestión de este bono es la eliminación de la barrera de la “sentencia ejecutoriada”.
Actualmente, el beneficio puede activarse desde la etapa de investigación fiscal.
Esto permite que el Estado llegue a las familias cuando la necesidad es más urgente, evitando que los procesos judiciales extensos profundicen la precariedad de los sobrevivientes.
Requisitos para cuidadores y representantes legales
Para que el Estado proceda con el desembolso del dinero, el cuidador debe acreditar su rol mediante un documento legal de tenencia o guarda emitido por una autoridad competente.
Si el responsable aún no cuenta con este trámite, el MDH ofrece acompañamiento técnico para legalizar la situación del menor.
Además, el representante debe suscribir una Carta de Corresponsabilidad.
Este documento es un compromiso ético y legal donde se asegura que los fondos serán utilizados exclusivamente para el desarrollo integral del infante.
Finalmente, es necesario abrir una cuenta bancaria en BanEcuador para que los pagos se realicen mediante transferencia directa, garantizando transparencia y seguridad.
Proceso de solicitud y validación técnica
El trámite inicia en territorio, donde técnicos del ministerio recopilan la documentación básica: cédulas de identidad del tutor y los menores, una planilla de servicios básicos y un croquis del domicilio.
Estos insumos permiten realizar una evaluación social detallada del nuevo entorno familiar.
Una vez que el expediente es validado por la Subsecretaría de Protección Especial, se autorizan los pagos mensuales.
Los ciudadanos interesados en acceder a esta protección pueden acercarse a las oficinas zonales del ministerio o escribir al correo oficial: bono.orfandad@inclusion.gob.ec.
El Bono de Orfandad es, en última instancia, una promesa de que ningún niño que haya perdido a su madre a causa de la violencia quedará solo frente a la adversidad económica, garantizando su derecho a un futuro con oportunidades.