El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue el único procesado en el caso Goleada trasladado al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en Latacunga. El resto de procesados fue llevado a la cárcel de Turi, en Cuenca.
La información fue confirmada a Metro Ecuador por Ramiro García, abogado defensor de Álvarez.
Hasta el cierre de esta nota, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los criterios utilizados para la distribución de los procesados en distintos centros penitenciarios. Su respuesta ha sido el silencio frente a las consultas hechas por los diferentes medios de comunicación.
Álvarez permanece en la zona transitoria del centro carcelario de Cotopaxi mientras avanza la instrucción fiscal.
El proceso judicial en el caso Goleada
Con base en alrededor de veinte elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado procesa a once personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
El delito está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma establece que quienes formen parte de una estructura organizada de dos o más personas con el objetivo de obtener beneficios económicos u otros de orden material serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años. Los colaboradores podrían enfrentar penas de cinco a siete años.
El juez de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva contra cinco procesados:
- Aquiles David Álvarez H.
- Xavier Mario Álvarez H.
- Antonio José Álvarez H.
- César Emilio B. I.
- Fernando Patricio P. V.
Para otros seis implicados se dispusieron medidas alternativas, como presentación periódica y prohibición de salida del país. En el caso de Pedro Juan H. E., se ordenó un estudio de seguridad para eventual arresto domiciliario.
Las aprehensiones se ejecutaron la madrugada del martes 10 de febrero, en la provincia del Guayas.
La hipótesis fiscal
Según Fiscalía, la investigación apunta a un presunto entramado empresarial estructurado para desviar combustible del segmento naviero nacional e internacional, mediante empresas de papel domiciliadas en Panamá.
El supuesto perjuicio para el Estado estaría relacionado con la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, con un monto estimado cercano a los 100 millones de dólares.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días