En una resolución judicial que resalta la vigilancia sobre los servidores públicos, el agente civil de tránsito Emerson C. M. fue condenado a dos años de prisión.
La sentencia se dio luego de que el procesado se acogiera al procedimiento abreviado, aceptando su culpabilidad en el delito de cohecho tras haber sido capturado recibiendo dinero ilícito en un operativo de control.
Corrupción captada en video en pleno operativo
Los hechos se remontan al 7 de octubre de 2025, en la estratégica vía Balosa.
Lo irónico del caso es que el acto de corrupción ocurrió en el marco de una intervención masiva que contaba con la presencia de un ministro de Estado, efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
En ese escenario, el agente Emerson C. M. detuvo a un vehículo bajo el pretexto de sancionar al conductor por circular con llantas lisas.
Sin embargo, la infracción era inexistente; el funcionario solicitó y aceptó 10 dólares a cambio de no emitir la multa.
La maniobra fue detectada por un policía que, además de filmar el intercambio, procedió a la aprehensión inmediata de ambos involucrados en delito flagrante.
Pruebas contundentes y peritaje mecánico
Durante el proceso, la Fiscalía presentó pruebas irrefutables que sellaron la suerte del agente:
- Pericias audiovisuales: Videos que confirmaron la entrega del dinero y la identidad humana del procesado.
- Informe técnico mecánico: Una revisión del automotor determinó que las llantas estaban en perfecto estado, demostrando que la amenaza de sanción fue un montaje para extorsionar al ciudadano.
- Certificación institucional: Documentación que acreditó su cargo como servidor público, agravando su responsabilidad legal.
El conductor enfrentará juicio ordinario
A diferencia del agente, el ciudadano identificado como Franklin V. V., quien entregó el dinero, no se acogió a beneficios procesales.
La Fiscalía emitió un dictamen acusatorio en su contra, y un Juez de Garantías Penales resolvió llamarlo a juicio bajo un procedimiento ordinario por el mismo delito.
El cohecho, tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona tanto al funcionario que recibe beneficios económicos como a quien los ofrece.
Este caso se suma a los esfuerzos judiciales por erradicar la microcorrupción en las vías del país.